TULCÁN
En el 2017, en Carchi la violencia psicológica contra la mujer ocupó el primer lugar dentro de los delitos, seguido del tráfico de drogas, según un informe de la Fiscalía del Carchi.
Edwin Pérez, fiscal provincial, reconoció este fenómeno que preocupa a las autoridades.
Pérez explicó que se vienen reforzando las unidades que investigan este tipo de delitos. Indicó que se reestructuró la Unidad de Violencia de Género y se ha fortalecido el departamento de atención a las víctimas.
Actualmente se cuenta en Carchi con dos peritos médico legistas, dos psicólogas y una trabajadora social, con el objeto de brindar una respuesta efectiva frente a la situación que denuncian los usuarios.
El fiscal provincial aclaró que todos los casos del 2017 fueron ventilados en la Fiscalía del Carchi, dejando entrever que es uno de los temas que se ha priorizado durante su administración.
Las estadísticas establecen que dentro del peritaje integral médico se han atendido a 952 víctimas, en peritajes ginecológicos 81 y proctocológicos 15. En cambio que peritajes de entorno social 38 y peritajes sicológicos 335.
La Fiscalía ha brindado atención especializada a las víctimas a efecto de no exponerlas durante los juicios, a través de la cámara de Gesell, garantizándoles un ambiente adecuado para que puedan brindar sus declaraciones.
Este protocolo se realiza en un espacio especial en el que únicamente participan un psicólogo y la víctima. El propósito es que no se les realice un interrogatorio directo a las afectadas, avalando su no revictimización, en busca de protegerlas.
En el 2018
Miriam Lucero, jueza de la Unidad Judicial contra la Mujer y la Familia en Carchi, informó que en este año se han presentado 45 agresiones sicológicas y 30 físicas, en tan solo dos meses.
La profesional del Derecho invitó a las afectadas a denunciar sin temor y seguir el trámite correspondiente. “Hemos procurado incentivar la cultura de la denuncia, pero allí no deben quedar los casos sino continuar con los trámites”.
Agregó que muchas mujeres no están conscientes sobre el tema o no conocen sobre sus derechos. Dice que no denuncian porque dependen económica o afectivamente.
Para Lucero el número de casos es alto y manifiesta que las víctimas se resisten a denunciar porque no quieren que sus agresores sean detenidos.
“También hay casos relacionados con la dependencia económica o laboral, ya que adquieren préstamos y creen que sus parejas no los van a asumir cuando los detengan o simplemente que si van a la cárcel podrían perder sus trabajos”, agregó. (CMRV)
DATO
En este año ya van 30 agresiones físicas.