La polémica generada por las encuestas telefónicas que realizan los canales de televisión provoca con una nueva norma. Al menos eso es lo que pretende el proyecto de Ley de Socialización de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El inciso nueve del artículo nueve del documento dice que habrá restricciones a la propaganda y publicidad “…cuando el costo por minuto no esté indicado al menos al cincuenta por ciento de la proporción visual del número telefónico anunciado, y a la misma intensidad de audio, cuando sea anunciado verbalmente”.
Un ex gerente general de una de las dos cadenas cuestionadas por el Régimen comentó que aunque no se elimina el mecanismo “sí se busca molestar”.
Presencia estatal
El proyecto pide que las emisoras de radio y televisión otorguen al Estado espacios gratuitos por 15 minutos diarios; con un tope de 70 minutos semanales.
El Gobierno podrá “determinar los horarios y la temporalidad de estos espacios”, señala el texto.
¿Por qué se pretende hacer esto en época de campaña? Raúl Izurieta, abogado vinculado a la radiodifusión, señaló que no se puede elaborar una nueva Ley de manera independiente a la actual Ley de Radio y Televisión.
“No tiene razón de ser que el Gobierno intervenga en el sector privado. Es un proyecto mal logrado y es una forma grotesca contra la radiodifusión”.
Además, aclaró que el Estado, a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) recibe ocho millones de dólares por pagos de alquiler de frecuencias. El presupuesto para gastos, de ese organismo, sería de sólo 1,5 millones de dólares.
¿Sociedad civil?
La propuesta también impulsa la creación de comités de usuarios. Éstos tendrán derecho a reclamar que se promuevan y defiendan sus derechos. Los canales tienen la obligación de responder en un plazo de 15 días estos reclamos.
Otra de las propuestas es que estos comités participen en “el proceso de formulación, ejecución y evaluación de programas para la formación y orientación dirigidos a la educación crítica para los medios”.
En otras palabras, serán responsables de la programación de los canales de televisión y de las radios.
Según Fernando Bucheli, ex presidente del Conartel, la propuesta mezcla dos elementos distintos: la responsabilidad de la comunicación en radio y televisión y los requerimientos técnicos que deben cumplir los concesionarios.
“No es lo mismo una concesión de un teléfono celular, que una concesión de un medio. Este último es todo un sistema de comunicación y un servicio a la comunidad. Los medios son de beneficio a la comunidad”, precisó Bucheli.
Más burocracia
Además se creará un Directorio de Responsabilidad Social, responsable de los contenidos. Estará integrado por representantes de los ministerios de Comunicación, Telecomunicaciones, Educación, Instituto Nacional de la Mujer, entre otras entidades de protección de derechos de la niñez, organizaciones no gubernamentales y comités de usuarios. Sin embargo, no podrán ser miembros quienes tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otro miembro de estos organismos.
Además, quienes mantengan contratos y suministros de bienes o servicios directos, a través de terceras personas directa o indirectamente con el Estado.
La mordaza incluye prisión
Toda persona podrá ejercer la acción de reclamo para ejercer el derecho a la réplica y rectificación o para asegurar la rectificación, señala el proyecto de Ley de Socialización de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La mordaza agrega que las personas podrán reclamar cuando consideren que la difusión de imágenes o audio afecte su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
La emisora debe rectificar en un plazo de 48 horas. Caso contrario, el responsable será castigado con seis a 18 días de arresto.
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