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Organizaciones hablan de 700 casos de 'criminalización'

Viernes, 15 de Enero de 2016

ACTO. Ayer, los representantes de estos colectivos ofrecieron una rueda de prensa.

 

 

 

Ese es el balance que presentan tras nueve años de Gobierno, que el oficialismo celebrará en Guayaquil.



En nueve años del Gobierno del presidente, Rafael Correa, según varias organizaciones sociales, se contabilizan alrededor de 700 casos de criminalización de la lucha y la protesta social en Ecuador.


Así lo aseguran estos colectivos que se reunieron ayer en Quito, en vísperas de que el oficialismo celebre en Guayaquil lo que se denomina como ‘revolución ciudadana’.


A la sede de la Ecuarunari, en el centro-norte de Quito, acudieron el dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel; el exlegislador Kléver Jiménez; la presidenta de la Unión de Educadores (UNE), Rosana Palacios; así como Nelson Erazo y Pablo Serrano, líderes de los trabajadores.


También estuvieron representantes de Los 21 de El Arbolito, de los 7 de Cotopaxi, y Carlos Castro, el adolescente que fue condenado a 20 horas de trabajo comunitario por haberle hecho una ‘yuca’ a Correa.


Se dieron cita en un cuarto estrecho con olor a humedad, donde se veía sillas apoltronadas en un rincón, pero resaltaba una pancarta en la cual, bajo el título ‘Correa, 9 años de criminalización’, se mostraban fotografías de gente golpeada por la Policía o detenida en medio de manifestaciones.


Testimonios


Ellos aseguraron que pueden dar cuenta de que los últimos nueve años “ha existido una sistemática criminalización de la protesta social” y de que se ha utilizado “todo el poder del Estado” en contra de quienes disienten con el Régimen.


Pérez Guartambel afirmó que él, por ejemplo, ha sido cuatro veces detenido y otras tres agredido en lo que va de la actual administración por liderar protestas contra la minería a gran escala y la defensa de los recursos naturales.


Mientras Erazo cuestionó que el Gobierno se defina a favor de los trabajadores cuando mencionó que se han suscitado casos como lo ocurrido con la empresa Correos del Ecuador, donde aseguró que 60 empleados fueron despedidos por defender sus derechos laborales.


De su lado, Jiménez comentó que en su caso ni siquiera se ha dado cumplimiento a unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le hubieran permitido continuar como legislador.


“El pueblo no tiene nada que festejar, deberíamos estar de luto”, apostilló y agregó que a futuro “lo fundamental es lograr consensos para desmontar la estructura hiperpresidencialista” que, a su juicio, se ha montado en el país.


Tras presentar este informe, las organizaciones sociales consideraron como un triunfo de la resistencia que ellos mantienen el hecho de que Correa no vaya a participar de las elecciones de 2017.


Para hacerle frente al movimiento oficialista, apelaron a la unidad de todos los sectores de centro-izquierda para definir un plan de Gobierno. (RVD)

 

 


Crítica oficialista


La vicepresidenta de la Comisión de Justicia y legisladora de Alianza PAIS Mariángel Muñoz tachó de “absolutamente falso” a dicho informe. “Estos señores no hablan con la verdad y están intentando engañar a la gente”, reaccionó.


La asambleísta sostuvo que, por el contrario, se han impulsado reformas como el nuevo Código Penal en el que se tipifica de una mejor manera delitos como el terrorismo para que no sea usado contra cualquier tipo de manifestación social.


Muñoz agregó que en casos como el de los legisladores Jiménez y Acacho, quienes fueron procesados por la justicia ecuatoriana, se respetó el debido proceso. En la misma línea que el presidente, Rafael Correa, quien afirma que en el país se persiguen delitos y no personas.


9

años cumple el Gobierno este mes.


20
horas de trabajo comunitario recibió un joven por hacerle una ‘yuca’ al Presidente.

 

 

 

 

 

 

 

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