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Más de 6 millones en responsabilidades civiles en TC

Martes, 1 de Marzo de 2016

REALIDAD. Desde 2008, el canal está en manos del Gobierno, pese a que se ofreció vender.

 

 

Además, hay casi 7.000 dólares en responsabilidades administrativas, según el estudio de la Contraloría.

 



Responsabilidades civiles por más de 6’441.868,65 dólares y responsabilidades administrativas por 6.900 dólares detectó la Contraloría General en el informe DAAC-0256-2015, dentro del examen especial efectuado a la administración de la compañía Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. (Canal 10) medio de comunicación incautado por el Gobierno.

 

El análisis se hizo por el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2014.


Según el informe de la autoridad de control, las responsabilidades recaen sobre siete directivos de la compañía y cuatro contratistas, por presunto pago de utilidades a trabajadores de la compañía, egresos registrados como gastos no deducibles con el incremento de la base del Impuesto a la Renta.


Además, por el pago de tarjeta corporativa sin documentación de respaldo, pago de remuneraciones y bonificaciones superiores a los límites fijados por el mandato Constituyente 2, contratación de servicios jurídicos sin documentación de respaldo, obra civil contratada pendiente de ejecución y contratación de consultorías.


En diciembre del año pasado, durante el último informe de labores que presentó la Contraloría, en este examen se determinó también que los gerentes, vicepresidentes y directores financieros administrativos de turno pagaron a los directivos y trabajadores más de 706.439 dólares y casi 167.000 dólares, respectivamente, por remuneraciones.


Estos pagos habrían superado los límites establecidos en el artículo 1 del Mandato Constituyente 2 y, por concepto de bonificaciones adicionales, sin autorización, montos superiores a los fijados en el artículo 4 del mismo mandato constituyente.


Según esta autoridad, también se cancelaron 4’760.305,03 dólares a los trabajadores de la empresa por concepto del 10% de participación de utilidades y el 5% de cargas familiares, “inobservando las disposiciones legales aplicables”.

 



Contratados quienes debían controlar



En TC se suscribieron contratos de servicios profesionales como asesores de la empresa con varios miembros de la Secretaría Técnica del Fideicomiso Mercantil AGD CFN No más Impunidad-Medios, lo que no estaba entre sus funciones. Entonces, los mismos profesionales cumplieron actividades de asesoría y control a la empresa en manos del Estado.


Estos contratos se repartieron con empresas de consultoría y en forma particular, por un monto cercano a 800.000 dólares. De ese monto, 170.000 se destinaron al pago de un asesor de la Gerencia General, entre 2011 y 2014.


El Gerente de TC, el 27 de noviembre de 2014, reconoció que dichos gastos correspondieron a la Secretaría Técnica del Fideicomiso y adjuntó registros contables con los cuales se incluyó una cuenta por cobrar al Fideicomiso por los montos pagados. No se aclara si estos funcionarios  cobraron doble, tanto en TC como en la Secretaría.


Eso no es todo. El mejor carro que tenía registrado el inventario de vehículos del canal era un Audi blindado, que luego fue solicitado por el Presidente del Fideicomiso para entregarlo a la Presidencia de la República. Ese asunto fue conocido por el equipo auditor de la Contraloría, que también emitió en el informe sus recomendaciones respecto al control del patio de vehículos de la empresa.

 



Cifras a la baja



Las ganancias de TC Televisión declinaron considerablemente en 2013, el último periodo analizado por la Contraloría en este informe. Ese año, hubo ingresos récord para la estación por un monto de 71 millones de dólares, pero también un récord de costos: 45 millones.


A esos costos se sumó una cifra asignada como ‘pérdida operacional’, por 24 millones más. Las utilidades líquidas fueron de 2,3 millones. En 2012, esa misma cifra fue de 4,3 millones, cantidad muy similar a la de los tres años anteriores.


Al 30 de junio de 2014, fecha en que cortó la Contraloría su examen, los costos y  las  pérdidas operacionales de la compañía en ese año superaban los ingresos.


Públicamente, lo que se conoce es la reducción de personal, con talentos como Gabriela Pazmiño y Richard Barker, y la millonaria deuda que mantiene este canal -y otros más- con la Federación Ecuatoriana de Fútbol por los derechos de transmisión de los partidos. El dinero ya está faltando.

 


 



Los descargos durante el proceso


En TC no querían la auditoría de Contraloría. El argumento de sus directivos durante el proceso fue que esta empresa era privada y no estaba sujeta a auditores del Estado. En contra de su voluntad, los auditores realizaron informes porque este canal fue incautado en 2008 y desde entonces su administración depende del Gobierno. Sus acciones pasaron al Estado, representado en la Junta del Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad.


Para este trabajo se solicitó, vía correo electrónico al gerente general de este canal, Carlos Coello, su versión sobre el examen de la Contraloría, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

 

 

 

 

 

 



LAS CIFRAS:

 

 

 


6,4

millones por resonsabilidades civiles detectó la Contraloría.

 

 

 

 



6.900

dólares detectó por responsabilidades administrativas.


 

 



6

años fue el periodo analizado por el ente de control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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