El vicepresidente, Jorge Glas, por medio de su abogado, Eduardo Franco Loor, presentó a finales de la semana pasada un escrito dentro de la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita en la que está vinculado. Ahí impugna la versión de Alfredo A., exempleado de su tío Ricardo Rivera, y pide que sea declarada nula.
El segundo mandatario y su abogado arremeten contra el fiscal Wilson Toainga, que asiste al fiscal general, Carlos Baca Mancheno, en la investigación de este presunto delito que se habría cometido en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht.
“Esto sí es un delito, señor Fiscal”, dice el escrito de Glas, y pide “iniciar las investigaciones legales por el cometimiendo del delito señalado en el artículo 280 del Código Penal”. Al parecer, se refería al delito del artículo 180, mencionado en los antecedentes, que es el de difusión de información de circulación restringida, sancionado con entre uno y tres años de prisión.
Toainga, que es uno de los agentes de mayor experiencia, se negó a dar declaraciones al respecto, porque dijo que su trabajo es de carácter jurídico. Según Glas, Toainga incorporó al expediente de asociación ilícita la versión y el dispositivo USB de Alfredo A., violando la reserva, ya que esa versión es parte de una investigación previa que reposa en la Fiscalía.
El declarante, exhombre de confianza de Ricardo Rivera, luego de trabajar en TV Satelital (empresa de Rivera) nueve años, menciona en esta polémica versión que los pagos de los sueldos eran mayoritariamente en efectivo, aunque desconoce de dónde salía el dinero para salarios y costos de operaciones, ya que “el canal no tiene auspiciantes”. También dijo que en varias ocasiones Rivera dijo que él y Glas “eran la misma persona”, por cuando se consideraba el “tercer hombre más poderoso de Ecuador”.
Para el abogado Julio César Sarango, el pedido de investigación que hace Glas contra Toainga es una forma de amedrentamiento al fiscal. “El señor Glas no tiene potestad legal para realizar ninguna acción contra fiscal o juez, porque todavía está en una etapa estrictamente investigativa”, dijo.
Por su parte, el catedrático de ciencia política Arturo Moscoso observa que el manejo que se le dé al tema legal va a ser indudablemente político y, según él, no hay que olvidar el contexto histórico, en el que salimos de un régimen cuyo presidente ordenaba “desde las sabatinas, qué es lo que se debe investigar y qué no”. De todos modos, Moscoso advierte que el riesgo de un caso tan político, como es Odebrecht, “es que se dejen de respetar los procesos, por la presión”. (MMD)