El funcionario presentó ayer sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político.
Con una actitud desafiante, el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, le restó competencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para analizar sus actividades cuando se desempeñaba como director de noticias de GamaTV en la época correísta.
“…Queda claro que su capacidad de fiscalización, con todo respeto, señores de la Comisión, es exclusivamente a los servidores públicos. (…) Mis actividades como director de noticias no son de su competencia”, dijo Ochoa durante su comparecencia por el juicio político que en su contra impulsan los asambleístas de CREO Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar.
En diciembre de 2017, la Contraloría emitió un informe con predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas,que implican una glosa, el pago de una multa y hasta la destitución de un cargo, que fue ratificado por ese organismo de control este mes, por haber cobrado bonos y otros beneficios sin sustento legal cuando laboraba en el canal.
Examen especial que los proponentes del juicio político han presentado como prueba de cargo. Ocho dijo que es empleado público desde el 15 de octubre de 2013.
También lanzó una advertencia a quienes han manifestado que adulteró ciertos artículos de la Ley de Comunicación, con la que se habría sancionado a algunas radios: “Esta aseveración deberá ser demostrada por quienes la expresaron en su debido momento, de manera objetiva y material”.
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años y medio lleva Ochoa al frente de la Superintendencia.La intervención del funcionario duró dos horas y se dedicó a defender la Ley de Comunicación, sus atribuciones como Superintendente y para reiterar sus críticas hacia los medios de comunicación, repitiendo criterios que ha dicho en cada aparición pública, como que la gran mayoría de medios privilegian políticas económicas excluyentes en beneficio de grupos de poder, “de los cuales en algunos casos forman parte y en otros reciben su publicidad”.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (PAIS), dijo que tanto los medios como las empresas incautadas pasan a ser bienes del Estado. “En esa medida entiendo que es la consideración del contralor (Pablo Celi). Sin embargo, agregó Carrión-, hasta que no tenga la documentación de cargo y descargo no puedo adelantar criterio”, sobre el cuestionamiento de Ochoa al alcance que tiene Fiscalización para juzgarle políticamente.
2
meses han pasado desde el informe de la Contraloría. En su momento, también ante la Comisión de Fiscalización, Celi manifestó que al ser GamaTV una empresa incautada sus recursos son del Estado sujetos a auditorías y exámenes especiales.
Por su parte, Cuesta dijo que Ochoa se dedicó a hacer una defensa de la Ley de Comunicación y atacar la labor del Contralor. “Creo que más que defenderse ha dejado interrogantes adicionales”, dijo. Y se mostró confiada de que Ochoa sea llamado a juicio político en el Pleno de la Asamblea, ya que ha habido, dijo, discrecionalidad en el uso de la Ley, uso y abuso de poder, mal uso de fondos públicos y la ley adulterada.
Acusaciones que no pudieron ser desvirtuadas por el funcionario, según Villamar. Agregó que la intervención de Ochoa fue más bien una rendición de cuentas, antes que presentar pruebas de descargo. (HCR)
Para el 5 de marzo
° El informe que deberá presentar la Comisión de Fiscalización estará listo el 5 de marzo, incluyendo los cinco días de prórroga que le da la Ley, manifestó la presidenta de la Mesa, María José Carrión.
“El informe podría ir en dos sentidos: no considerar que hay infracción, abuso de poder o alguna de las acusaciones planteadas por los asambleístas; o considerar que hay infracción y en esa medida ir al juicio político”, explicó Carrión.