Redacción LAHORA.COM.EC
El pedido de juicio político en contra del fiscal general, Carlos Baca Mancheno, que fue presentado a la presidenta de la Asamblea el 16 de marzo, hoy fue votado en la Comisión de Fiscalización que se sesionó esta mañana para revisar todo lo que se incluye en el borrador del informe.
La sesión se instaló a las 9:00 en el segundo piso del Palacio Legislativo. De primera instancia, el informe se aprobó con 11 votos afirmativos pero por pedido de Lira Villalva se reconsideró la votación. En la nueva votación, 10 asambleístas dieron el sí para que el informe pase al Pleno.
Sin embargo, en la mañana, durante la lectura del documento, la votación no estaba clara. Los legisladores opositores Homero Castanier y Raúl Tello advirtieron que podría haber sorpresas.
Tello denunció de la «presencia del hombre del maletín» en el Legislativo para hacer cambiar de sus posturas a los asambleístas que forman parte de Fiscalización. El legislador correísta Hermuy Calle no confirmó aquello, pero manifestó que existen pruebas suficientes para llevar a juicio al Fiscal.
Daniel Mendoza, asambleísta coordinador de Alianza País, apuntó que todo dependerá del debate en esta mesa legislativa.
«Además de eso debemos considerar todo lo que está viviendo en este momento y el respeto a la institucionalidad que es necesaria hoy más que nunca», dijo Mendoza.
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El informe
En el documento de 140 páginas se recomienda el juicio político en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía, después de que se realizaron varias comparecencias, incluida la de pruebas de descargo de Baca.
El pedido se realizó después de la sucesión de varios acotencimientos, como se detalla en el borrador del informe al que este Diario tuvo acceso. El primero es la revelación de un audio de una conversación entre el expresidente de la Asamblea José Serrano y el excontralor prófugo Carlos Pólit donde hablan de ‘bajarse al Fiscal’. Esto ocurrió el 26 de febrero en una rueda de prensa.
La obtención del audio generó controversia porque Baca, inicialmente, dijo que el audio estaba subido en redes sociales y que lo recibió en un parte policial. Dicho parte fue el elemento que provocó polémica porque después se conoció que quien lo redactó, el sargento segundo Danny Ibarra, había sido presionado por sus jefes para elaborar el parte.
«La divulgación del mencionado audio es ilegal e irresponsable, lo cual provocó un enfrentamiento político de carácter personal entre ambos funcionarios», señala el documento, que especifica que este hecho ha provocado «una profunda desconfianza y repudio social».
Incumplimiento de funciones
El borrador de informe que analiza la Comisión de Fiscalización, establece que el Fiscal habría incumplido tres artículos de la Constitución:
Art. 76: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso«.
Art. 194: «El Fiscal General es su (Fiscalía General del Estado) máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.
Art, 232: «Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios».
Además, indica que también habría incumplido cuatro artículos del Código Orgánico Integral Penal:
Art. 444 sobre las atribuciones del Fiscal.
Art. 472: «Información de circulaci´on restringida. La información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador».
Art. 583: «Actuaciones fiscales urgentes. La o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal».
Art. 584 sobre la Reserva de la Investigación.
Por esto, el informe, que todavía no se aprueba, recomienda el juicio político y, adicionalmente, «la remisión del expediente a las autoridades competentes para la determinación de las responsabilidades administrativas y penales a las que hubiere lugar».