Redacción QUITO
La organización internacional Human Rights Watch señaló que las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial.
“Las evidencias indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces”, señaló la ONG.
Según mencionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, durante la presidencia de Correa hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces, y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes.
“El Presidente Lenín Moreno ha insistido en su respeto por la independencia judicial, pero para que se corrijan las prácticas abusivas del pasado, debería reestructurar la maquinaria que permitió la injerencia política en la justicia”, agregó.
En noviembre de 2017, Human Rights Watch visitó Ecuador para evaluar los niveles de independencia judicial en el país, en seguimiento a un informe de 2014 que documentaba cómo la independencia judicial se había visto gravemente vulnerada durante la gestión de Gustavo Jalkh, quien permanece en el cargo.
Human Rights Watch mencionó que se documentaron 12 casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del Consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas.
“Cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra, y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos”, agrega la organización.
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En el informe mencionan también que existen otros indicios sobre intromisión política en el poder judicial durante el gobierno de Correa, entre los que se incluye la filtración de correos electrónicos de altas autoridades y un memorando de la Presidencia de 2013 que ordenaba a jueces rechazar demandas contra el gobierno.
La suspensión y destitución arbitraria han afectado no solo a los jueces destituidos, sino también han tenido un efecto amedrentador en otros, según señalaron a Human Rights Watch varios jueces.
Adicional a esto, la organización afirma que el 20 de marzo solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre investigaciones relativas a los numerosos señalamientos de intromisión indebida en el sistema judicial, pero no ha recibido respuesta y que compartirá sus conclusiones con el Consejo de Participación Transitorio y con la Fiscalía General del Estado.
“El Consejo de Participación Transitorio debe analizar cuidadosamente todas las evidencias de intromisión política indebida en el poder judicial”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch. “A su vez, el gobierno de Moreno debería asegurarse de que todos los funcionarios en ejercicio y exfuncionarios que abusaron de su poder para influir en la independencia de la justicia respondan por sus actos, y comprometerse a impedir que esto vuelva a suceder”.
Evaluación
El organismo internacional remitió hoy una carta a Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Transitorio, en el que le hace saber de la publicación del estudio.
«El informe documenta cómo altos funcionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en a resolución de casos vinculados con intereses gubernamentales», señala la carta de dos páginas.
Con esta introducción insta al Consjeo «avanzar en la evaluación del Consejo de la Judicatura, analizando cuidadosamente todas las evidencias disponibles de presunta intromisión política indebida en el Poder Judicial, respetando siempre las garantías del debido proceso», añade la carta firmada por Vivanco.
El Consejo al momento evalúa, entre varias instituciones del Estado, a la Judicatura. Su titular, Gustavo Jalkh, ya presentó miles de documentos que deberán ser revisados. La ciudadanía, en cambio, presentó 345 denuncias de presuntas irregularidades.
