El problema de la minería ilegal prende las alarmas en Carchi

Tulcán. En la capital de Carchi, autoridades, representantes de las empresas concesionarias, dirigentes comunales, activistas, entre otros, participaron en la Mesa Técnica de Minería.
Tulcán. En la capital de Carchi, autoridades, representantes de las empresas concesionarias, dirigentes comunales, activistas, entre otros, participaron en la Mesa Técnica de Minería.

TULCÁN – MIRA

El ambiente se recalienta en varios territorios del Carchi frente a la presencia de la minería ilegal. Ayer, durante la reunión de minería, efectuada en la Uniandes de Tulcán, se hicieron serías denuncias sobre esta actividad.

Mientras que paralelamente, en la Alcaldía de Mira, se reunieron representantes de la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño con el alcalde Walter Villegas, con la finalidad de establecer estrategias ante los efectos negativos que viene produciendo este tipo de extracción al margen de la ley.

Los dirigentes habrían denunciado que esa jurisdicción parroquial está atravesando por una grave problema social a consecuencia del descubrimiento de una mina de oro, ubicada en el sector El Cielito y Río Verde.

Los moradores señalaron con angustia que esta actividad ha desatado un ambiente de inseguridad, violencia y daño ambiental. Los dirigentes y autoridades denunciaron que personas de otros lugares están ingresando de forma indiscriminada a la zona.

Los moradores presumen que se trata de mafias y movimientos civiles armados, que se vienen trasladando desde el sur del país con el propósito de promover la minería irregular y crear el caos.

Los comuneros están solicitando se declare a la comunidad en estado de excepción; sin embargo, se aclaró en el encuentro que la única entidad que puede otorgar esta declaratoria es la Presidencia de la República.

Walter Villegas, junto al cabildo y actores sociales de Mira, afinan una petición directa al Presidente Lenín Moreno, para que disponga se tomen las medidas inmediatas de control para erradicar estas afectaciones.

Los dirigentes coinciden que es la alternativa más viable para devolver a los habitantes su derecho de subsistir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, seguro y garantizando el buen vivir de sus familias.

Mira. En la Alcaldía se reunieron representantes de la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño con el alcalde Walter Villegas.
Mira. En la Alcaldía se reunieron representantes de la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño con el alcalde Walter Villegas.

Reunión en Tulcán

En cambio, en Tulcán representantes de varios ministerios liderados por Santiago Chamorro, subsecretario zonal 1 de Minería, con técnicos de las mineras concesionarias, dirigentes de comunidades y nacionalidades, activistas sociales, entre otros, fueron parte de la Mesa Técnica Minera.

Durante el encuentro, que duró más de cuatro horas, se abordaron los ejes temáticos: ambiental, social, técnico y derechos humanos con la presencia de representantes de las comunidades de Carchi, Esmeraldas e Imbabura.

Los gobernadores de Carchi e Imbabura, Alex Cruz y Paolina Vercoutere, presentes en el encuentro, se comprometieron a realizar varias acciones en sus jurisdicciones para brindar seguridad a las poblaciones, donde los efectos comienzan a generar efectos negativos.

Uno de los temores de la Reserva Indígena Awá es el riesgo que podría correr el Bosque Protector Golondrinas, que ya fue concesionado.

Daniel Chamba, morador de Unthal, en el noroccidente carchense, dijo que la falta de información está generando desconcierto.

El subsecretario Chamorro llamó a la tranquilidad y aclaró que la minería responsable no afectará a los territorios, agregando que la primera fase de prospección, que no es lo mismo que explotación, durará entre cuatro y ocho años.

Agregó además que en esta etapa no se utilizará agua, dejando entrever que los ríos no serán contaminados.

Todos coincidieron en que la contaminación ambiental es un delito, razón por la que hay el compromiso de denunciar a los mineros ilegales.

No hay control

La queja reiterada fue la situación que vive El Cielito, en Mira, donde las vías y puentes están siendo afectados por los irregulares.

DATO
Se acordó que los gobiernos locales se involucren en las concesiones mineras y reclamen regalías.Se denunció que en ese lugar no existe control, han proliferado los robos e incluso se mostró un video en el que en un patrullero se moviliza material del lugar.

En Miravalle estarían ingresando automotores sin placas a las propiedades haciéndose pasar como técnicos.

Frente a esta acusación, uno de los técnicos de Cornestone Ecuador, empresa que concesionó un tramo, indicó que los profesionales se movilizan uniformados con credenciales y ellos piden permiso para ingresar a los predios.

TOMENOTA
Los comuneros de El Cielito y Río Verde están solicitando se declare a la comunidad en estado de excepción por el tema minero.Santiago Chamorro hizo conocer que se ha dialogado con el prefecto y alcaldes de Carchi sobre el tema, existiendo el compromiso de caminar hacia una minería responsable y socialmente justa.

Entre las resoluciones preliminares a las que se logró llegar, consta el respeto a la interculturalidad durante el proceso de socialización, que acordaron debe llegar al territorio de los pueblos Pasto, Awá, entre otros.

Se acordó que los gobiernos locales (Prefectura, municipios, juntas parroquiales) se involucren en las concesiones mineras y reclamen regalías.

En El Cielito, que la empresa concesionaria se haga cargo de la seguridad y de los problemas que agobian a esas poblaciones.

Se insiste en la consulta previa a las poblaciones donde se realizarán los estudios, como reza en el art. 398 de la Constitución, y se genere mayor información.

La dirigente Filomena Rosero, de la comunidad Awá, dijo que están buscando una cita con el Presidente Moreno para hacer conocer la posición de este sector frente a este tema.

La gobernadora de Imbabura, Paolina Vercoutere, anunció que junto a su homólogo de Carchi investigarán los hechos anómalos que vienen provocando mineros ilegales, e invitó a los pobladores para que hagan llegar sus denuncias.

Manifestó que es un tema sensible, en el que existen intereses económicos que están generando violencia.

“Queremos que nos hagan conocer los problemas de inseguridad para hacer un seguimiento y buscar soluciones”, acotó Vercoutere. (CMRV)