Autoridades aseguran que en la veta minera El Cielito hay tranquilidad

Coordinación. Las autoridades del ministerio del ramo se reunieron con el Gobernador del Carchi.
Coordinación. Las autoridades del ministerio del ramo se reunieron con el Gobernador del Carchi.

TULCÁN

Las autoridades mineras y responsables del orden público aseguraron ayer, que el sector de El Cielito, en el cantón Mira, donde se identificó una veta minera, está bajo control; es decir que no existe inseguridad en la zona.

Cristian Terán, funcionario de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, reconoció que en los meses de enero y febrero migraron desde otras provincias 1.500 mineros irregulares hacia esta jurisdicción carchense con el objeto de realizar una suerte de explotación ilegal.

Situación

El éxodo de personas ajenas al lugar provocó varios problemas, entre los que se destaca la inseguridad. Denuncias efectuadas por Omar Lara, dirigente de El Cielito, dieron cuenta de presencia de gente armada y sobre algunos hechos relacionados con robo, amenazas y extorsión.

La existencia de policías en el sector y los controles que vienen ejerciendo militares en las vías de acceso habrían vuelto la calma a la zona. Terán afirmó que se han ejercido 75 operativos combinados.

Control

Las fuerzas del orden se han incautado de 750 bultos de roca mineralizada que se presume tiene oro en su contenido, material que ha sido puesto a órdenes de las instancias correspondientes.

Estos minerales pretendían salir de la provincia de Carchi hacia Portovelo y Ponce Enríquez en Zaruma, donde iban a ser comercializados. Además, un total de 35 personas han sido privadas de la libertad, sobre quienes pesan procesos administrativos y judiciales.

José Gallardo Román, comandante de la Brigada Andes señaló que realizan el control en carreteras, a través de retenes que evitan el tráfico de explosivos, armas y municiones. El oficial dijo que al momento se registra un ambiente de armonía.

Entre tanto, Santiago Chamorro, subsecretario de Minas, aclaró que se realizará la consulta previa, que es un pedido de algunas comunidades, una vez que se cuente con los estudios tanto ambientales como los relacionados con la no afectación a las fuentes hídricas e infraestructuras estatales o militares.