Redacción San Gabriel.
Una marcha de respaldo a la Cooperativa de Transportes San Gabriel congregó a más de 200 personas que pedían se reestablezca el servicio de la operadora, cuyas frecuencias están suspendidas temporalmente desde el 9 de febrero.
Luis Chamorro, rector de la Unidad Educativa José Julián Andrade, quien fue parte de la movilización, recordó que cuando estudiante utilizaba continuamente los servicios de esta cooperativa para trasladarse a Quito.
Cree que es injusta la sanción, más aún cuando un conductor desaprensivo provocó el problema y por una posible imprudencia ahora se quiere castigar a 14 familias que viven de esta actividad.
Los marchantes indicaron que se comienza a sentir la ausencia de los buses de esta cooperativa, con 40 años de servicio.
Entre los problemas manifiestan las dificultades que tienen para abordar los automotores de las operadoras asignados en el plan de contingencia.
Lucía Martínez comentó que los buses locales eran fáciles de abordar y cuando llegaban de Quito o Ibarra a esta ciudad los dejaban en sus casas, ingresando incluso al centro de la urbe.
Hoy, dice, no saben en qué bus subirse, ya que no ha sido socializada la lista de las cooperativas que están ofertando temporalmente las frecuencias, ni conocen dónde deben abordar esos automotores.
“La situación se complica porque los buses de Tulcán pasan repletos y no nos llevan, ya que prefieren a los ciudadanos venezolanos”, comentó María Tana, quien señala que debe viajar a Ibarra por situaciones de salud.
Juicio
Fernando Tufiño, gerente de la Cooperativa San Gabriel, calificó como arbitrario y equivocado el procedimiento de la jueza del cantón Otavalo, Dora Mosquera, quien lleva el caso.
Explicó que han sido suspendidos temporalmente sin fijar el tiempo correspondiente, creando una gran incertidumbre. El gerente anunció que están impugnado el proceso en su totalidad y adelantó que la operadora seguirá a la autoridad judicial un juicio penal, ya que los habría acusado de terrorismo.
Para los directivos de la operadora San Gabriel, la jueza no tiene la potestad legal ni moral para solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito que sean suspendidas las labores, porque existe una reforma en el Código Integral Penal en el 2014.
Existe también malestar porque dicen no fueron notificados, razón por la que han acudido hasta la Federación Nacional de Transporte Interprovincial, donde aseguran han recibido el apoyo total y desde donde se pedirá respaldar el juicio a la jueza.
En los últimos días los abogados presentaron la impugnación total y un recurso de amparo, espacio en el que se defenderán.
Tufiño agradeció por la marcha y aclaró que no participaron porque no quieren ser juez y parte. (CMRV)
TOME NOTA
El 9 de febrero la ANT procedió a la suspensión temporal de las 14 unidades y 17 frecuencias en la ruta: San Gabriel – Quito y viceversa, tras el accidente sucedido el 24 de septiembre de 2017, donde fallecieron 13 personas y 44 resultaron heridas.