Seguridad sin balas

Por: Kléber Mantilla Cisneros

Sorprende la idea de armar a los profesores en los colegios de EE.UU. para solucionar las balaceras y masacres. El presidente Donald Trump no cuestiona el uso y venta de armas a adolescentes, con poca regulación en una sociedad civil portadora de 300 millones de armas. Pero Trump genera pistas para el resto de América Latina, pues un problema psicológico y neurótico de los usuarios de rifles y pistolas nunca lo relaciona con la otra gran industria que es el uso de drogas y la expansión de tentáculos del narcotráfico.

Por acá, las autoridades estiman que los ataques narcoterroristas en San Lorenzo y El Pan, en la línea de frontera de Esmeraldas, vienen de los carteles mexicanos, la lucha territorial de rutas y la ocupación de guerrilleros disidentes del acuerdo de paz en Colombia. Ecuador muestra tres falencias preocupantes. No cuenta con tecnología militar ni infraestructura suficiente para enfrentar este otro tipo de guerra; una Secretaría Nacional de Inteligencia que se usó para realizar espionaje político pero no para fortalecer técnicas militares ni dar seguridad; y la Policía y Fuerzas Armadas muestran un deterioro institucional preocupante que refleja la magnitud de la crisis heredada y acumulada del anterior Régimen.

En la actualidad sería debatible instalar una base militar estadounidense ante la falta de control satelital y se requiere tecnología electromagnética. Esto en contrapeso con la fraudulenta compra de radares chinos durante el correato, las miles de toneladas de droga incautada en una década, cientos de pescadores ecuatorianos presos en cárceles del exterior por realizar fletes, el microtráfico creciente en los colegios, la torpe implantación de la supuesta ‘ciudadanía universal’ que facilitó la movilidad del crimen organizado con el otorgamiento indiscriminado de pasaportes y la burla de comprar helicópteros Dhruv dañados.

Además de lo militar, sin Contraloría, Procuraduría ni Fiscalía eficientes, los ciudadanos exigimos revisar cada contrato público, acabar con el secretismo estatal, modificar leyes fraudulentas, esclarecer la delincuencia organizada y desmantelar el sistema de corrupción instaurado.

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