Caso Balda: un secuestro presuntamente ordenado desde el Poder

Personaje. En el momento de su secuestro, Fernando Balda era asambleísta alterno y había sido condenado por injurias.
Personaje. En el momento de su secuestro, Fernando Balda era asambleísta alterno y había sido condenado por injurias.

El caso del secuestro al activista político Fernando Balda, el 13 de agosto de 2012, al menos para él, está relacionado con las más altas esferas del poder de aquel entonces. A partir de la información recabada por la Fiscalía hasta el momento, que incluye varias versiones e incluso una delación de uno de los sospechosos, Balda piensa que hay suficientes elementos para investigar a un exmandatario. “Todos los dedos apuntan a Rafael Correa”, dice el activista.

Al menos dos elementos podrían motivar que la Fiscalía indage al expresidente. El primero, la entrega de un audio por parte del exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza, quien confesó su participación en el delito y busca beneficiarse de una reducción en la pena por cooperación eficaz.

Luego de que Balda fuera rescatado en Colombia, el secretario de Inteligencia Raúl Romero tuvo una reunión con Chicaiza para analizar el frustrado secuestro, de la cual el audio da cuenta. En cierto momento Romero contesta una presunta llamada de Correa. De hecho, en el audio, Romero explica a Chicaiza que la llamada era del exmandatario.

El segundo elemento es la versión de una exfuncionaria de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en la que expone que la única persona que orgánicamente estaba por encima de Romero y a cuyas órdenes respondía, era el exPresidente. Semanas atrás, el abogado de Chicaiza, Diego Romero, confirmó la entrega de esos audios y pidió que por el fuero de Corte Nacional de las personas señaladas se traslade el caso al despacho del Fiscal General del Estado.

Argumentos

Según Balda, para uno de los viajes previos de cuatro agentes para labores de seguimiento, los viáticos fueron autorizados por la secretaria de la Presidencia. Los demás viajes se pagaron con cheques a Chicaiza desde la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Policía Nacional o desde la misma Senain.

Según las declaraciones de los autores materiales del secuestro, los agentes ofrecieron 16 mil dólares a cada uno por capturar a Balda. Eran cinco. “Solamente para pagar a las personas ejecutoras del secuestro él contaba con 160 mil dólares, sin contar con los hoteles cinco estrellas donde se reunieron, las cuentas de la comida y licores, y otros gastos como el alquiler de los vehículos y los boletos de avión”, dice Balda.

“Esto nos da a entender que fue una operación muy bien estructurada y que Raúl Chicaiza tenía carta abierta en el uso de recursos para todo lo que necesitarán”, agrega.

Puntos de vista

El exasambleísta Leonardo Viteri, recuerda que asistió a Colombia a un evento sobre democracia organizado por el expresidente Álvaro Uribe y que ahí ya se infiltraron agentes ecuatorianos.

“Este debe ser el primero de las decenas de casos que ha cometido”, dice, en referencia a Correa y a que este podría ser el primer caso en que se lo investigue.

El penalista Julio César Sarango, de su parte, espera que el nuevo fiscal general, Paúl Pérez, investigue porque, según relata, su antecesor Carlos Baca Mancheno, actuó para que Correa ni siquiera rinda versión sobre el caso Odebrecht. “Él ya debe mínimo formular cargos por el caso Balda”, dice, ya que se “utilizó el aparataje estatal para irse en contra de un ciudadano común y de a pie”. (MMD)

La postura de Correa

El expresidente Rafael Correa, quien ahora residen en Bélgica, no se ha pronunciado sobre el caso Balda. Sin embargo, en un tuit de defensa al presidente del Consejo de la Judicatura, ironizó en el sentido de que no puede ser que Gustavo Jalkh sea un “violador de Derechos Humanos”, mientras que Fernando Balda y Galo Lara sean “perseguidos políticos”. En ese tuit, dijo que lo próximo será que sostener “Victor Jara torturador, y (Augusto) Pinochet filántropo humanista”. El exmandatario ha dicho, desde que dejó el poder, que los procesos contra sus excolaboradores son “persecución política”, y recientemente escribió que perseguir correístas atenta contra los Derechos Humanos.