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‘Queremos los recursos que por Ley nos corresponden’, dice el Prefecto de Carchi

ABR, 20, 2019 |

ENTREVISTA. Herrera visitó La Hora durante su estadía en Quito, la semana pasada, para una reunión del Consorcio de Gobiernos Provinciales.

El presidente, Lenín Moreno, y los 23 prefectos electos del país se reunirán el martes, en Carondelet, y los prefectos llegarán con una gran preocupación, tres propuestas y un pedido. Su preocupación son los 340 millones que les debe el Estado, sus propuestas giran en torno a las formas de resolver esa crisis y su pedido es que este no sea un encuentro social, ni una reunión ‘para la foto’, sino una verdadera mesa de trabajo. 
El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, dice que han decido no abordar la política económica del Régimen de Lenín Moreno, porque entienden que no es su competencia. Él tiene una preocupación adicional: la minería ilegal en la frontera. 

¿Qué significa esa deuda para las prefecturas? ¿Cómo las afecta?
Un tema de gran preocupación. El hecho de que se mantenga una deuda permanente que nunca haya bajado de los 200 millones limita la capacidad de las 23 prefecturas. Si hablo de Carchi, una de las provincias más pequeñas del país, siempre el Estado nos está adeudando entre 5 y 7 millones de dólares. Esos 5 millones podrían servirnos para construir 30 kilómetros de asfaltado, o alrededor de 15 puentes de mediano y gran tamaño, o incorporar al menos unas 10.000 hectáreas a riego. 
 

Es una deuda importante. 
Es importante. Entonces, aceptamos la invitación del Presidente para la reunión, pero vamos a plantearle tres elementos importantes. El primero es que nos presente un cronograma para que hasta el segundo semestre de este año el Ministerio de Finanzas se ponga al día con estas deudas. El segundo es que se cree un fondo de crédito para vialidad, financiado por el Banco de Desarrollo (BEDE). Que cada prefectura reciba 10 millones de dólares: 50% que sea no reembolsable, que sea un aporte del Ministerio de Finanzas, y el otro 50% de las prefecturas. 
 

Pero podrán decirles que en tiempos de crisis el Gobierno no puede asumir ese 50%.
No pueden decirnos eso, porque el BEDE tiene liquidez. 
 

Pero ustedes plantean que el Gobierno asuma la mitad del pago. 
No va a ser una carga para el Gobierno, no tendrá que hacer un endeudamiento externo y usaríamos adecuadamente la liquidez. 
 

Habló de tres elementos. Mencionó el plan de pagos y este crédito. ¿Cuál es el tercero?
Que implemente rápidamente medidas que nos den la posibilidad a las prefecturas de obtener más financiamiento, recursos propios. Hay un ejemplo muy práctico: la mayoría de prefecturas aprobamos hace años una tasa de rodaje. Estábamos cobrando unos 12 dólares por vehículo y el dinero estaba destinado a vialidad rural. Sin embargo, hace unos años, la Agencia Nacional de Tránsito eliminó este requisito en la matriculación.
 

Entonces, ¿más impuestos?
Es una tasa que no es nueva. El anterior Gobierno limitó un dinero que ya se estaba cobrando. Esto significa que cada propietario de un vehículo pague para vialidad rural un dólar al mes, no tiene tanto impacto, pero permite que podamos apalancar nuevos créditos. Esos tres planteamientos, unidos a algo muy importante, que es pedirle al Presidente que garantice la autonomía de nuestras instituciones. Tenemos recursos que la Ley prevé; que esos recursos sean transferidos y que no se creen medidas de revisión de nuestra propia ejecución. Vamos a ir a la reunión, con la única recomendación de que sea una reunión de trabajo y no solamente para la fotografía o una reunión social; que el Presidente nos dé respuestas claras y concretas. Por eso, hemos decidido no entrar al análisis de la economía del país. 
 

Probablemente, el Gobierno querrá entrar al análisis económico. 
Entonces, tendrán que escucharnos. Muchos de los prefectos creemos que las medidas que están tomando no son las adecuadas, pero entendemos que no son nuestra competencia. Simplemente, el Gobierno presenta un presupuesto, aprobado por la Asamblea; y en ese presupuesto constan los recursos que, por Ley, les corresponden a los gobiernos locales. Entonces, tienen que entregarnos los recursos y nada más. Que si el crédito con el FMI, con el Banco Mundial. Eso no es de incumbencia de los prefectos, lo único que queremos es que nos den los recursos que por Ley nos corresponden. 
 

El análisis de la situación fronteriza se ha centrado en Esmeraldas. Carchi también está en la frontera. ¿Qué problemas afrontan?
Sigue la afectación comercial para nuestra provincia, por el intercambio en el Puente de Rumichaca. El comercio y el transporte han decrecido el 6% en el último año. El único sector que ha crecido es la agricultura. Esto quiere decir que es el sector rural el que sustenta en este momento la economía de la provincia. 
 

¿La baja en el sector comercial sigue siendo porque los ecuatorianos compran en Colombia?
Sigue siendo caro producir en Ecuador. ¿Qué se ha planteado? Que se implemente la canasta comercial fronteriza. El Presidente, en diciembre en una cadena, indicó que se la implementaría para Carchi. Pero, ya estamos en abril y aún nada. Se le ha hecho una propuesta al Presidente de manejar un IVA diferenciado. 
 

¿De cuánto?
En algunos productos, la devolución total; en otros entre el 8 y el 10%, para ser más competitivos frente a nuestros vecinos. Hemos calculado que el impacto de esta medida sería de unos 20 millones para el Estado, pero esto haría más competitivos a los cantones fronterizos principales. 
 

¿Qué otras cosas incluye esa canasta fronteriza?
La canasta es sencilla: una lista de productos que se puedan vender con ‘cero’ aranceles y con IVA diferenciado. 
 

Ha mencionado que le preocupa el tema minero. ¿Por qué?
El 42% del territorio carchense ha sido concesionado. Me parece que no hay una planificación y un manejo adecuados, al dar un porcentaje tan alto del territorio para exploración. Pero, bueno, hay que reconocer que, por lo menos allí, se tiene a la minería legal, a empresas que tienen permisos. Pero nos preocupa la presencia de minería ilegal. Las autoridades locales y la sociedad de plano lo rechazamos. No queremos que pase lo de Imbabura, lo que pasa en Buenos Aires. Y ahí sí responsabilizamos al Gobierno Nacional. Hace tres semanas ingresaron centenares de personas a la parroquia de Monte Olivo, para sacar material, presuntamente para ser tratado en el sur del país.  
 

¿Qué piden?
Un comité de seguridad, presidido por la Ministra del Interior y el Ministro de Minas. Que no se le deje la responsabilidad al Gobernador. Lo pedimos públicamente y lo vamos a hacer también en la reunión con el Presidente. Y, si no tenemos una respuesta inmediata, no tenemos la menor duda de hacer una consulta popular. No nos oponemos a las políticas de desarrollo, pero si las instituciones del Estado evitan la minería ilegal y todo el infierno que esto ocasiona. (ASC)

FRASES

No nos oponemos a las políticas de desarrollo, pero si las instituciones del Estado evitan la minería ilegal y todo el infierno que esto ocasiona”.Sigue siendo caro producir en Ecuador. ¿Qué se ha planteado? Que se implemente la canasta comercial fronteriza”.

Esos 5 millones (de deuda con Carchi) podrían servirnos para construir 30 kilómetros de asfaltado”.
 

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