Se revocó prisión en caso lavado de activos

EMPRESA. Diacelec fue una de las empresas allanadas en este caso.
EMPRESA. Diacelec fue una de las empresas allanadas en este caso.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dejó sin efecto la orden de prisión que pesaba sobre los cuatro procesados a los que el 8 de enero pasado se les formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos, producto de la trama de corrupción y sobornos de la empresa Norberto Odebrecht.

El Tribunal de Apelación, por unanimidad consideró que la jueza Paola Campaña no efectuó una valoración adecuada de lo manifestado en el tercer numeral del artículo 534 del COIP, en el sentido de que la imposición de otras medidas cautelares no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar la inmediación de los relacionados con el proceso al eventual cumplimiento de una pena y a la reparación que corresponde, o que su privación de libertad beneficie a los fines de la investigación que se adelanta.

Recurso de apelación
Por estas razones, los jueces de la Corte Provincial resolvieron aceptar el recurso de apelación presentado por los procesados Elvira Isch López, Mirian Coral Cisneros, José Arias Isch y Juan Barberis Cisneros (detenido), por lo que revocaron la medida cautelar personal de prisión preventiva dejando a salvo las medidas cautelares de carácter real que se dispusieron, como son la incautación de bienes y la retención de las cuentas bancarias de los procesados.

En su lugar, el Tribunal ordenó la presentación semanal de los procesados ante el fiscal de la causa, debiendo comenzar el miércoles de esta semana.

Excarcelación a Barberis
Respecto del detenido Juan Barberis, el Tribunal ordenó su inmediata excarcelación. Édgar Arias también está privado de la libertad, pero este ya tiene una sentencia condenatoria de primera instancia por el presunto delito de asociación ilícita, en el que fue condenado también el exvicepresidente Jorge Glas y otros.

La formulación de cargos contra las cinco personas naturales y dos jurídicas (Diacelec y Conacero S.A.) se llevó a cabo el 8 de enero de 2018 y tendiendo la petición de la fiscal Ivonne Proaño Vélez, la jueza Campaña también autorizó el acto urgente de allanamiento de 7 inmuebles en los cuales se tenía que obtener, diversas evidencias. (LC)