Río de Janeiro, EFE
La Fiscalía brasileña se pronunció hoy contra el posible traslado a otra prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril en una celda de una edificación policial en Curitiba, como lo han solicitado tanto la Policía Federal como la Alcaldía de esa ciudad del sur de Brasil.
El parecer fue comunicado por los trece fiscales del Ministerio Público Federal (MPF) responsables por la llamada operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y en el marco de la cual Lula fue condenado a 12 años de prisión.
En su pronunciamiento, los fiscales rechazaron la petición para que el exmandatario sea trasladado a una prisión más adecuada en Curitiba, la capital del sureño estado de Paraná y en la que se coordina la Lava Jato, investigación que destapó una gigantesca red de corrupción para desviar recursos de la petrolera estatal Petrobras.
«En este momento es difícil identificar la existencia de otro local en el estado de Paraná en el que las autoridades puedan garantizar el control sobre las condiciones de seguridad física y moral del custodiado», alegaron los fiscales.
«Es importante destacar que, por tratarse de un expresidente de la República, hay que garantizar el máximo de control de las condiciones de su seguridad personal, por eso una necesidad de mayor rigor y de resguardo del custodiado, y la limitación de su contacto con otros custodiados o con terceros extraños», agregaron los miembros del Ministerio Público Federal.
Por estar recluido en una celda especial en el último piso de la edificación policial, Lula no tiene contacto con otras personas condenadas por la Lava Jato y que también están presas en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Los fiscales agregaron que, en la celda especial en que está recluido, Lula puede ser asistido por sus numerosos defensores y por su familia, de los que dijeron que en ningún momento se opusieron a la reclusión en la sede de edificación policial.
Sobre las reclamaciones de vecinos, que dicen sufrir varias restricciones por las manifestaciones contra y a favor de Lula próximas a la edificación policial, el Ministerio Público alegó que si por un lado tienen derecho a ir y venir sin ser perturbados, «también es cierto que tienen que aprender a soportar la incomodidad y las limitaciones provocadas por el poder estatal de administrar justicia».
El martes, la jueza responsable de la ejecución de la pena del exjefe de Estado, Carolina Moura Lebbos, admitió que analizará en un proceso aparte la petición de la Policía Federal para que Lula sea trasladado a otra prisión debido a las inconveniencias provocadas por su reclusión en esa instalación.
El pasado 13 de abril, la Alcaldía de Curitiba también solicitó trasladar a Lula a un lugar «seguro y adecuado a las circunstancias del caso», basándose en problemas de seguridad generados por las manifestaciones en las calles aledañas al edificio policial.
Días antes, y también por riesgos en la seguridad de los sitios cercanos al edificio, varios comisarios de la Policía Federal habían solicitado la «transferencia inmediata» del expresidente a una unidad de las Fuerzas Armadas.