En una campaña realizada por la Policía Nacional y el ECU-911 alertaban a los ciudadanos sobre las sanciones que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 346 se establece que la paralización de servicios públicos conlleva a una pena privativa de libertad de uno a tres años, y en el artículo 396 del COIP donde se determina una contravención de cuarta clase con una pena privativa de la libertad de 15 a 30 días, cuando existe movilización de unidades de emergencia. La campaña de prevención inició desde el problema en la frontera norte, en la provincia desde enero hasta la fecha se han registrado dos llamadas falsas de amenaza de bomba. (MCH)