Fernando Tinajero ostenta al momento tres cargos: Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, Presidente de la Corte Provincial de Justicia y Director Provincial del Consejo de la Judicatura. Sus actividades se desarrollan entre la Corte Provincial y el Consejo de la Judicatura, una labor que le lleva más tiempo del que tiene y es por eso que solicitó que se le retiren las funciones como Juez.
En la mañana desarrolla audiencias orales, cerca del medio día va al Consejo de la Judicatura, en la tarde regresa a cumplir sus actividades como Presidente de la Corte y en la noche trata de trabajar en las resoluciones.
Al ser una situación sui géneris, Tinajero manifestó que trata de cumplir con todas sus funciones, pero es realmente complicado.
De aceptar su pedido, la Sala de lo Penal se quedará con dos jueces y se deberá realizar un sorteo para que algún juez de la Sala de lo Civil asuma esta funciones, ya que la sala no puede estar conformada solo con dos personas.
Tinajero reconoce que le falta el tiempo, sobre todo para redactar las resoluciones de los diferentes casos.
Ahora, en cuanto a sus funciones como Director Provincial de la Judicatura y como Presidente de la Corte Provincial, destacó que en el sistema procesal de carácter ordinario existen instancias y las cortes provinciales son la segunda instancia, la primera es la Corte Nacional de Justicia y, por lo tanto, la gente puede recurrir al recurso de casación, en caso de que consideren de que la resolución emitida a nivel provincial no se apega a la justicia. Con esto no existirían mayores conflictos al ejercer las dos funciones, dijo.
Sobre las funciones del delegado provincial, Arturo Ugsha, manifestó que se estableció un reglamento donde se determina claramente que éste cumplirá con la mayoría de funciones administrativas y el Director provincial se encargará de los asuntos jurisdiccionales. En el tema de quejas o sumarios administrativos, será el Delegado quien resolverá la mayoría de casos, a excepción de los de destitución, donde se establece que el Presidente de la Corte Provincial deberá vetar o no esta resolución. Además el Director provincial es el vocero oficial de la Judicatura. (VHG)