El Consejo de la Judicatura determinó, entre las irregularidades registradas en la contratación y construcción de obras en el periodo 2011-2013, que se sobredimensionó el espacio de la infraestructura construida para la Función Judicial.
En la evaluación que hizo la Dirección de Infraestructura a 66 unidades judiciales levantadas durante la etapa de transición de la Judicatura, 43 están sobredimensionadas, es decir, el 65%. El análisis se realizó en función del área de la infraestructura comparada con el número de funcionarios que trabajan allí.
Muy grandes y para pocos
Por ejemplo, el Complejo Judicial de Echendía tiene 2.938 metros cuadrados y está siendo ocupado por ocho funcionarios. Ese edificio costó 2,1 millones de dólares.
Algo similar se registró en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Quero. Tiene 2.702 metros e igualmente está ocupado por ocho personas. Costó 2,8 millones. Mientras que en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Espejo (El Ángel) trabajan 11 personas en un área de 3.157 metros. Costó 2,8 millones de dólares.
La conclusión a la que llegó la Judicatura es que “no hubo una planificación adecuada, no se consideraron las necesidades reales de cada cantón”. Esto da como resultado, “un desperdicio de recursos públicos que, con una adecuada gestión del Consejo de la Judicatura de transición, pudo haber sido evitada”.
Según el director general (e), José Valencia, en estos edificios también se pudo haber registrado sobreprecio, que según un muestreo fue de alrededor del 60% entre 2011 y 2013.
Este informe fue entregado a la Contraloría para que realice un examen especial de los contratos de consultoría, obras y fiscalización en la época en que fue declarada en emergencia a la Función Judicial. También fue presentada a la Fiscalía para que investigue en caso de existir presuntos delitos. (AGO)