En el octavo día de iniciado el incendio forestal en La Esperanza, hasta el momento no han podido controlarlo, 145 bomberos de Cotopaxi, Quito y Mejía realizan las labores de sofocación y en total 20 soldados de la Brigada Patria se encuentran en el sitio, ellos se han dividido en grupos de trabajo, unos van a territorio y un grupo de reacción es el encargado de proveer los alimentos y ayudar a quienes resulten heridos.
Segundo Usuño, responsable técnico de la Secretaria del Agua en Cotopaxi, explicó que en el cauce del río San Pablo han entregado 78 autorizaciones del uso del agua ya sea para consumo humano, regadío y abrevaderos para ganado.
Ayer realizaron un recorrido por Sarahuasi y el Guarumal donde verificaron la infraestructura de servicio y ver que poblaciones no tienen agua para aplicar el plan de contingencia y abastecer del líquido vital.
La preocupación en las autoridades es que el incendio forestal afecta a los colchones de agua y hace que la presencia del líquido vital disminuya, por lo que permitiendo una regeneración de la parte afectada permitirá que el suelo se recupere en 15 años, con lo que los ciudadanos podrían quedarse sin las fuentes de agua.
Daniela Culqui, directora provincial del Ambiente, manifestó que los incendios forestales afectan la zona protegida en Sigchos, Pujilí y Pangua, al tener un ecosistema frágil como es el bosque seco, humedales, pajonales y paramos.
Hasta el momento el fuego ha destruido mangueras que son utilizadas por los comuneros para llevar desde las vertientes el líquido vital.
Mientras que los daños a la fauna que ha dejado el incendio forestal incluyen la recuperación de cuatro crías de zarigüeya, conejos, biodiversidad en aves.
Y en los lugares de uso múltiple han estado en riesgo viviendas, cultivos, entre otros.
Sanciones
En el Código Orgánico Ambiental se da a conocer sanciones para quienes provocaran un incendio forestal, el juzgamiento inicia con un proceso administrativo seguido de sanciones privativas de libertad que va desde uno a tres años, en el caso de existir una muerte humana la pena se agrava y puede ir desde 13 a 16 años de prisión. (MT)