La Coordinadora Andina de Derechos Humanos (Cadhu), en un trabajo conjunto con el geólogo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Theofilos Toulkeridis, informó ayer sobre el Proyecto con soluciones reales para mitigar los riesgos ante una erupción del volcán Cotopaxi.
Héctor Tapia, representante de la Cadhu, en Cotopaxi, manifestó que se ha realizado una labor ejecutiva con el Gobierno central y con la Secretaría de Gestión de Riesgos para avanzar con el trabajo.
Destacó que en la mayoría de instituciones seccionales se han abierto las puertas para cristalizar el proyecto de mitigación.
Toulkeridis asegura que la erupción del volcán Cotopaxi se va a dar, que en 2015 únicamente fue una evento hidrotermal, nada magmático, una actividad que generalmente sucede antes de una actividad fuerte.
Añadió de que de acuerdo a los estudios realizados, el mayor peligro son los lahares que se producirán por el hielo que se mezclará con el lodo, las piedras y el material volcánico, los flancos por donde bajarán son en su mayoría en el sector sur del coloso, por lo que Latacunga será la ciudad más afectada.
Explicó que se han hecho estudios, donde se determina que se pueden crear obras de mitigación para evitar daños al ser humano, cuyo valor alcanzaría la mitad de lo que significaría no hacerlas, por las pérdidas humanas y materiales que se generarían.
“Tenemos que hacer obras para evitar la pérdida de todo lo que se ha construido y lo que anhelamos para el futuro, una vida tranquila”, dijo.
Agregó que actualmente el país cuenta con una ingeniería moderna y avanzada y con las investigaciones que se hacen en la academia, con el apoyo del pueblo y sobre todo con la voluntad política se podría trabajar en un anillo de protección del volcán Cotopaxi.
Este anillo significaría la ejecución de obras de contención, de detención, escalonadas y cernideros, con las que se garantizaría que no habría daños al ser humano, ni a las propiedades.
El proyecto existe y cuenta a detalle con cada una de las obras y su costo, ahora sería el Gobierno Central quien debe asumir el costo.
El cálculo es de 600 millones de dólares. (VHG)