Por el caso del 30 de septiembre Edwin Lasluisa, Xavier Cajilema y Paúl Jácome, cumplieron una sentencia de un año de prisión, dentro del gobierno de Rafael Correa y mañana los tres dirigentes sociales presentarán pruebas que demostrarían que en el proceso judicial existió injerencia política. Además adjuntarán parte del expediente del caso ‘sobornos 2012-2016’ en el proceso que se sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Paul Jácome, presidente de la mesa ‘Perseguidos políticos nunca más’ explicó que la coordinación de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi notificó a los tres de Cotopaxi para que se acerquen a rendir su versión mañana desde las 09:00, ya que se iniciaría un proceso de investigación a los jueces y fiscales que participaron en la sentencia del caso 30-S.
Para asistir a rendir su versión, preparan con los abogados la documentación de posibles hechos que presumirían faltas de los jueces en los artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se habrían cometido errores graves.
En el caso de demostrarse que existieron errores graves los jueces y fiscales que actuaron podrían ser suspendidos y de demostrase que hubieron errores gravísimos los jueces podrían hasta ser destituidos de sus cargos.
Jácome comentó que mañana después de las declaraciones harán conocer de un presunto hecho gravísimo que podría cambiar la historia del juicio y se demostraría que el caso fue manipulado y tuvo injerencia del ejecutivo.
Según el informe de la mesa ‘Perseguidos políticos nunca más’ la justicia ecuatoriana adolecía de una falta de independencia e imparcialidad en la década Correista, ya que a inicios de este mes los correos de Pamela Martínez y Laura Terán, quienes son procesadas por el caso ‘Sobornos 2012-2016’ han demostrado que los casos del 30 de septiembre fueron motivo de seguimiento por una oficina externa quienes hacían los seguimientos a los procesos judiciales.
Jácome dijo que el proceso judicial seguido contra los tres de Cotopaxi se suscribiría dentro del caso que están alegando, cree que el caso fue motivo de presión política por parte del ejecutivo.
Explicó que han descubierto en su expediente que fueron llamados a audiencia de formulación de cargos sin haber dado previamente su versión de los hechos y se habría vulnerado el derecho de fuero de corte en el entonces concejal de Latacunga Xavier Cajilema.(MT)
Comisión
Interamericana de Derechos
Los tres de Cotopaxi han pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se evalúe el caso. Ya llevan cuatro años en el proceso que ha sido admitido, hace dos meses atrás y el Estado habría respondido a la denuncia, han dado la réplica y han argumentado de qué manera fueron vulnerados sus derechos.
Como un alcance han solicitado a la Fiscalía General del Estado que les ayude con una copia del archivo del caso ‘Arroz verde’ porque ahí demostraría la falta de independencia judicial.