Los tres de Cotopaxi rindieron su versión

AGO, 24, 2019 |

Proceso. Paúl Jácome, presidente de la mesa ‘perseguidos políticos nunca más’.

Una vez que fueron receptadas las versiones por los presuntos afectados del caso 30- S en Cotopaxi, la Coordinadora de Control Disciplinario de la Judicatura, tendría 15 días para realizar la investigación disciplinaria que se desarrolla en contra de jueces y fiscales que intervinieron en el proceso judicial que les llevó a sentencia del caso de los tres de Cotopaxi.  

Después de este tiempo deben emitir un informe que sugeriría al Consejo de la Judicatura el tipo de sanción que se aplicaría a jueces y fiscales en el caso de encontrar irregularidades en sus actuaciones. 

Paul Jácome, presidente de la mesa ‘Perseguidos políticos nunca más’, indicó que acudieron desde las 09:00 de ayer hasta el Consejo de la Judicatura para rendir las versiones a las que fueron citados por la coordinación disciplinaria de la institución, “cada uno presentó las pruebas de descargo”.  

Ayer solicitaron que a través del Consejo de la Judicatura se solicite la documentación de la Fiscalía General del Estado para que se incorporen los cerca de 13 mil correos electrónicos de Pamela Martínez y Laura Terán en el proceso investigativo a jueces y fiscales en la provincia. 

Los presuntos afectados a través de un documento habrían demostrado que se violentó el principio fundamental de contradicción,  ya que la audiencia de formulación de cargos la habrían realizado sin haber receptado el testimonio de los demandados, lo que sería una flagrante violación a los derechos humanos.  

A través del abogado defensor de los tres de Cotopaxi habrían presentado que en los cuerpos 4 y 5 del proceso se encontraron documentos que no pertenecerían al caso, ya que no habría sido solicitada por la defensa, por lo que presumen que el expediente fue alterado “lo que sería una falta gravísima que puede llevar incluso a la destitución de quienes hayan incurrido en la posible infracción”. 

La mesa por la verdad y justicia recopiló alrededor de 300 casos de persecución política en el país, donde consta el caso de los tres de Cotopaxi, producto de la investigación que presentaron el 10 de diciembre de 2018 el Consejo de la Judicatura ha creído pertinente iniciar las acciones disciplinarias en contra de los jueces que intervinieron. (MT)