Lección enorme

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

La paralización de once días que vivimos en nuestro país y que recién terminó el domingo pasado, por resolución acordada entre dirigentes indígenas y el gobierno, en una mesa de diálogo coordinada por la ONU, nos deja una lección enorme, en varios aspectos, pero sobre todo en la necesidad de verdadera participación ciudadana cuando el Estado, por medio del gobierno, asuma decisiones que pueden comprometer la paz y la tranquilidad poblacional, así como afectar a la economía popular.

En efecto, el Presidente jamás compartió con las diferentes organizaciones sociales la resolución del decreto de eliminación del subsidio de los combustibles, nunca llamó a dialogar a sectores indígenas ni al resto de organizaciones, y allí están las consecuencias. Claro está, tampoco los choferes ni los indígenas permitieron amplia participación social para adoptar la medida de hecho, esto es, para paralizar el país, lo cual hace que se excluya de planificación y acciones a la mayoría de habitantes del sector urbano, quienes somos meros espectadores, sin poder pronunciarnos previamente sobre la necesidad o no de tales acciones, en unos casos con solidaridad, en otros con indiferencia y hasta con rechazo.

Los actos violentos, incontrolables, peligrosos, algunos de terror y delincuenciales, estuvieron presentes, sin que podamos identificar plenamente a sus autores, vándalos y desadaptados que actúan con sus propias agendas y que afectan la auténtica lucha popular.

Más allá de las prohibiciones legales y lo que diga la ley penal, está claro que a futuro habrá que respetar la libertad de pensamiento y expresión de quienes se sumen a protestas sociales o de quienes no lo hagan, siempre en el marco de la paz y dignidad humana. En lo urbano queda como reto construir identidad en base a atacar problemas comunes, en especial inseguridad, delincuencia, violencia, subsistencia, guiados por elementos de unidad, educación, formación y solidaridad.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

La paralización de once días que vivimos en nuestro país y que recién terminó el domingo pasado, por resolución acordada entre dirigentes indígenas y el gobierno, en una mesa de diálogo coordinada por la ONU, nos deja una lección enorme, en varios aspectos, pero sobre todo en la necesidad de verdadera participación ciudadana cuando el Estado, por medio del gobierno, asuma decisiones que pueden comprometer la paz y la tranquilidad poblacional, así como afectar a la economía popular.

En efecto, el Presidente jamás compartió con las diferentes organizaciones sociales la resolución del decreto de eliminación del subsidio de los combustibles, nunca llamó a dialogar a sectores indígenas ni al resto de organizaciones, y allí están las consecuencias. Claro está, tampoco los choferes ni los indígenas permitieron amplia participación social para adoptar la medida de hecho, esto es, para paralizar el país, lo cual hace que se excluya de planificación y acciones a la mayoría de habitantes del sector urbano, quienes somos meros espectadores, sin poder pronunciarnos previamente sobre la necesidad o no de tales acciones, en unos casos con solidaridad, en otros con indiferencia y hasta con rechazo.

Los actos violentos, incontrolables, peligrosos, algunos de terror y delincuenciales, estuvieron presentes, sin que podamos identificar plenamente a sus autores, vándalos y desadaptados que actúan con sus propias agendas y que afectan la auténtica lucha popular.

Más allá de las prohibiciones legales y lo que diga la ley penal, está claro que a futuro habrá que respetar la libertad de pensamiento y expresión de quienes se sumen a protestas sociales o de quienes no lo hagan, siempre en el marco de la paz y dignidad humana. En lo urbano queda como reto construir identidad en base a atacar problemas comunes, en especial inseguridad, delincuencia, violencia, subsistencia, guiados por elementos de unidad, educación, formación y solidaridad.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

La paralización de once días que vivimos en nuestro país y que recién terminó el domingo pasado, por resolución acordada entre dirigentes indígenas y el gobierno, en una mesa de diálogo coordinada por la ONU, nos deja una lección enorme, en varios aspectos, pero sobre todo en la necesidad de verdadera participación ciudadana cuando el Estado, por medio del gobierno, asuma decisiones que pueden comprometer la paz y la tranquilidad poblacional, así como afectar a la economía popular.

En efecto, el Presidente jamás compartió con las diferentes organizaciones sociales la resolución del decreto de eliminación del subsidio de los combustibles, nunca llamó a dialogar a sectores indígenas ni al resto de organizaciones, y allí están las consecuencias. Claro está, tampoco los choferes ni los indígenas permitieron amplia participación social para adoptar la medida de hecho, esto es, para paralizar el país, lo cual hace que se excluya de planificación y acciones a la mayoría de habitantes del sector urbano, quienes somos meros espectadores, sin poder pronunciarnos previamente sobre la necesidad o no de tales acciones, en unos casos con solidaridad, en otros con indiferencia y hasta con rechazo.

Los actos violentos, incontrolables, peligrosos, algunos de terror y delincuenciales, estuvieron presentes, sin que podamos identificar plenamente a sus autores, vándalos y desadaptados que actúan con sus propias agendas y que afectan la auténtica lucha popular.

Más allá de las prohibiciones legales y lo que diga la ley penal, está claro que a futuro habrá que respetar la libertad de pensamiento y expresión de quienes se sumen a protestas sociales o de quienes no lo hagan, siempre en el marco de la paz y dignidad humana. En lo urbano queda como reto construir identidad en base a atacar problemas comunes, en especial inseguridad, delincuencia, violencia, subsistencia, guiados por elementos de unidad, educación, formación y solidaridad.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

La paralización de once días que vivimos en nuestro país y que recién terminó el domingo pasado, por resolución acordada entre dirigentes indígenas y el gobierno, en una mesa de diálogo coordinada por la ONU, nos deja una lección enorme, en varios aspectos, pero sobre todo en la necesidad de verdadera participación ciudadana cuando el Estado, por medio del gobierno, asuma decisiones que pueden comprometer la paz y la tranquilidad poblacional, así como afectar a la economía popular.

En efecto, el Presidente jamás compartió con las diferentes organizaciones sociales la resolución del decreto de eliminación del subsidio de los combustibles, nunca llamó a dialogar a sectores indígenas ni al resto de organizaciones, y allí están las consecuencias. Claro está, tampoco los choferes ni los indígenas permitieron amplia participación social para adoptar la medida de hecho, esto es, para paralizar el país, lo cual hace que se excluya de planificación y acciones a la mayoría de habitantes del sector urbano, quienes somos meros espectadores, sin poder pronunciarnos previamente sobre la necesidad o no de tales acciones, en unos casos con solidaridad, en otros con indiferencia y hasta con rechazo.

Los actos violentos, incontrolables, peligrosos, algunos de terror y delincuenciales, estuvieron presentes, sin que podamos identificar plenamente a sus autores, vándalos y desadaptados que actúan con sus propias agendas y que afectan la auténtica lucha popular.

Más allá de las prohibiciones legales y lo que diga la ley penal, está claro que a futuro habrá que respetar la libertad de pensamiento y expresión de quienes se sumen a protestas sociales o de quienes no lo hagan, siempre en el marco de la paz y dignidad humana. En lo urbano queda como reto construir identidad en base a atacar problemas comunes, en especial inseguridad, delincuencia, violencia, subsistencia, guiados por elementos de unidad, educación, formación y solidaridad.