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Pensiones alimenticias: el sistema no ayuda y la situación se agrava

JUN, 22, 2020 |

REALIDAD. El desempleo y la reducción salarial complicó la realización de pagos.

Los trámites para reducir los pagos -por pérdida de empleo o disminución de sueldo- tardan; mientras, los padres acumulan la deuda.

La pandemia le dejó sin un trabajo estable, los ingresos que ahora tiene llegan desde actividades informales, tuvo que reorganizar sus finanzas para intentar cumplir con todas sus obligaciones, entre ellas el depósito que nunca fallaba en su cuenta del Sistema Único de Pensión Alimenticia (SUPA). ‘Carlos’ (nombre protegido) no ha cancelado desde abril pasado los $283 que le corresponden, pues su situación laboral dio un giro y es parte de las 64.400 personas que perdieron su empleo en la emergencia sanitaria.

Sin embargo, llegó a un acuerdo con la madre de su hijo, de 6 años, para entregarle algo de dinero y facilitar la manutención. La cárcel por una boleta de apremio no es parte de sus problemas, por ahora, pero le preocupa que no haya nada firmado.

‘Carlos’ no ha logrado ingresar en la Función Judicial una demanda incidental de rebaja de pensión alimenticia para que un juez revise su caso. Esto, pese a que el 3 de junio, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, informó que por resolución 057 – 2020 se dispuso el restablecimiento progresivo de las actividades jurisdiccionales en materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
 

‘Carlos’ tampoco ha podido acceder al sistema de mediación del CJ, según dice, aún no está habilitado y su situación económica no le permite acudir a un centro privado.



 

Citaciones

 

Elizabeth Regalado, máster en Derecho de Familia, indicó que si bien desde el 8 de junio se abrieron los juzgados y se receptan demandas de incidentes de rebaja de pensión, recién desde la semana pasada el CJ puso a trabajar a sus citadores para notificar a la contraparte.

Mediante un comunicado, la institución explicó que el pasado viernes se realizó la capacitación técnica para que los funcionarios conozcan el contenido del Reglamento para la Gestión de Citaciones Judiciales.

En su experiencia, Regalado ha evidenciado -en los casos que ha tratado-, que una demanda de reducción de pensión alimenticia puede durar desde seis meses hasta dos años.
 

Además, aseguró que esta emergencia sanitaria -ocasionada por el Covid-19- hizo que miles de personas pierdan su empleo, lo que generó una reducción en la recaudación de rubros que los alimentantes depositaban en el SUPA. (Ver recuadro)

Pese a ello, el sistema no los exime de continuar haciendo el pago dispuesto por orden judicial, aunque sus ingresos hayan mermado y que incluso estas obligaciones puedan trasladarse a sus familiares cercanos, como padres, hermanos o tíos, denominados como obligados subsidiarios, que actualmente llegan a 657 personas.

La situación del alimentante desempleado se complica cuando el tiempo pasa y no ha regularizado su situación legal respecto a los depósitos. Por ejemplo, según Regalado, si un alimentante, que antes de la pandemia pagaba $1.000 en la cuenta del SUPA, decide impulsar una demanda para rebaja de pensión y el juicio dura tres meses, él deberá cancelar $3.000, pues el nuevo valor fijado rige a partir de un dictamen judicial.

A ese monto le deberá sumar otros $3.000, considerando la suspensión de tres meses en las actividades de la Función Judicial por la emergencia sanitaria. Es decir, antes de empezar a cancelar el nuevo rubro tendrá que igualarse con $6.000. (FLC)



 

La mediación es la salida


 

Para la abogada Elizabeth Regalado lo recomendable es acudir a las audiencias de mediación. Según dijo, el acta que ahí se firme tiene fuerza de sentencia y -por ende- igual validez como si la hubiera suscrito un juez.

954.961 alimentarios registra el SUPA a nivel nacional.La experta explicó que lo óptimo para que este proceso tenga fin es llegar a la audiencia con acuerdos entre las partes y recomendó acudir con un abogado especialista en el área, para llegar a una conciliación que beneficie a ambos. “Es mejor acudir con un abogado. Se abaratan mucho los costos al no tener que ir a un juicio y poder hacer una mediación”, dijo. (FLC)



 

El sufrimiento en carne propia


 

Claudia O. (32 años): “Mi exesposo se quedó sin ingresos. Era cumplido, pero por esto de la enfermedad (Covid-19) se quedó sin trabajo. He tenido que afrontar casi sola los gastos los últimos meses y mi sueldo, que gano como secretaria, no me alcanza. Si es que no consigue otro trabajo no sé qué voy a hacer, ya vienen la lista de útiles, uniformes y todo lo de la escuela y eso es un gasto fuerte”.

Centro de mediación de la  Fundación Fabián Ponce: 098-743-0015.Marco J. (29 años): “Me despidieron porque la empresa quebró. La liquidación que me dieron por dos años que trabajé ahí no me alcanza para ahorrar y sobrevivir. Yo depositaba cada mes en el SUPA, pero desde mayo ya no lo pude hacer, porque no he tenido un ingreso fijo que alcance al valor que antes pagaba.  He tratado de conversar con la mamá de mi hija, pero no quiere entender y exige el pago. Ojalá no quiera que vaya a la cárcel, porque así peor voy a poder conseguir trabajo”.



 

Transacciones y recaudaciones
 

Pensiones alimenticias

 

2019

Mes Transacciones

Recaudaciones

Marzo 593.964 51’532.825.57
Abril 614.051 60’255.911.43
Mayo (primera quincena) 543.328 54’030.806.93



 

2020

Mes Transacciones

Recaudaciones

Marzo 421.733 45’780.934.00
Abril 318.835 37’839.038.29
Mayo (primera quincena) 126.568 30’739.764.66

FUENTE: Consejo de la Judicatura

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