La Unidad Judicial Civil aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo.
El juez Carlos Fuentes de la Unidad Judicial Civil, en la parroquia Iñaquito (norte de la capital), aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a los servidores públicos del país.
Fuentes declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica. Además dispuso medidas de reparación:
• Que el Presidente de la República, Lenín Moreno, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.
• Al Ministro de Finanzas, Richard Martínez, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
• Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.
• Que el Ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.
Por su parte, Freddy Carrión, defensor del Pueblo informó que se mantendrá vigilante del cumplimiento de la sentencia emitida por el juez.