La época electoral no pudo llegar en mejor momento para quienes tienen investigaciones abiertas por la justicia.
Normas establecidas en el Código de la Democracia y en la misma Constitución les ofrecen una suerte de blindaje frente a las causas penales que cargan por supuestos actos ilegales investigados por la Fiscalía.
Al menos cuatro personas sobre quienes existen procesos abiertos quieren llegar al poder, ya sea al Legislativo o al Parlamento Andino. Uno de ellos es Daniel Salcedo, quien tiene cuatro causas abiertas por hechos de corrupción que se dieron en los hospitales públicos de Guayaquil, cuando más crudos eran los efectos de la pandemia de Covid-19.
Fraude procesal, peculado, delincuencia organizada y lavado de activos son los delitos por los que se lo investiga. Actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel de El Inca y su posible candidatura podría dejarlo en libertad.
Inmunidades electorales
Según el constitucionalista André Benavidez, el artículo 108 del Código de la Democracia establece inmunidades electorales, pues la norma indica que los candidatos plenamente calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrán ser apresados ni tampoco procesados penalmente hasta que se proclamen los resultados.
Benavidez no contempló la idea de que Salcedo tenga intenciones de legislar y supuso que quiere utilizar esta normativa para darse a la fuga, como ya lo intentó en junio pasado a bordo de una avioneta.
La Constitución solamente impide las candidaturas de quienes tengan sentencias ejecutoriadas por delitos sancionados con reclusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, según el numeral 2 del artículo 113.
Otros casos
La asambleísta Karina Arteaga también presentó su inscripción de candidatura para ser reelecta en la Asamblea. Ella tiene un proceso en marcha por concusión, debido a presuntos cobros indebidos a excolaboradores de su despacho. Un juez ordenó el uso de grillete electrónico.
Las elecciones generales se realizarán en 7 de febrero de 2021..Virgilio Hernández, en cambio, pretende llegar al Parlamento Andino. Su caso está en etapa de juicio por un presunto delito de rebelión relacionado con las protestas de octubre del año pasado.
Abdalá Bucaram también fue postulado por Fuerza Ecuador. Él es investigado por delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales. Todas estas causas quedarían suspendidas si el CNE califica sus candidaturas. (FLC)
“La calificación de una candidatura genera dos efectos jurídicos: que el proceso penal se suspende y, además, la persona no puede estar privada de su libertad”. André Benavidez, constitucionalista.