Poder Electoral vs. Judicial en el proceso electoral

FUNCIONARIOS. Diana Atamaint, presidenta del CNE; Pablo Celi, contralor; y, Diana Salazar, fiscal de la Nación.
FUNCIONARIOS. Diana Atamaint, presidenta del CNE; Pablo Celi, contralor; y, Diana Salazar, fiscal de la Nación.

El primero pide respeto a sus funciones, mientras que el segundo busca que les dejen hacer su trabajo. Ambos exponen sus razones.

Al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) existen posturas contrarias respecto a si dar o no paso al peritaje y auditoría al sistema informático de la institución. Por un lado está la solicitud de Contraloría que fue negada, mientras que el peritaje de la Fiscalía aún está esperando una fecha.

La negativa del CNE a la petición de la Contraloría se dio a conocer ayer, durante la sesión del Pleno, con los votos de la presidenta del CNE, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita; y, el consejero, José Cabrera.

La decisión se tomó, en primera instancia, con base en una serie de observaciones técnicas, operativas y reglamentarias. En sesión virtual, el coordinador de tecnología, Christian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca, explicaron que el sistema de escrutinio aún está operacional, pues no se han proclamado resultados oficiales respecto a los resultados de asambleístas.

Otra de las razones es un convenio suscrito entre el CNE y la Contraloría en agosto de 2020 relacionado con el sistema informático electoral. El acuerdo emitido por la propia Contraloría, establece la suspensión de todo los análisis del sistema informático hasta que concluya oficialmente las Elecciones Generales 2021.

Cumpliendo procesos

En este sentido, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, justificó su voto en que el proceso electoral comprende la ejecución de todas las actividades previstas en el calendario hasta la proclamación oficial de resultados. Por esta razón, dijo, “es indispensable que la auditoría de la Contraloría General del Estado se realice una vez finalizado este proceso en su totalidad”.

Dicho de otra forma; sí, la auditoría fue negada, pero solo temporalmente hasta que termine el proceso electoral.

“No es procedente el pedido de hacer una auditoría en medio de un proceso electoral, porque se pondría en riesgo la conclusión del calendario y la ejecución de la segunda vuelta”, puntualizó Atamaint.

Un elemento clave que mencionaron los consejeros fue que el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER) está sellado para asegurar que los datos sufran ningún tipo de alteración. Una auditoría implicaría, según los consejeros, romper esos sellos.

Opiniones divididas

Pero no todos los consejeros están de acuerdo. Luis Verdesoto, señaló que la solicitud de la Controlaría sí es viable y que podría realizarse antes de la segunda vuelta electoral, pero condicionó su aplicación a cinco parámetros, entre los que se incluyó, que se realice en máximo siete días.

El pasado lunes 22 de febrero, Vedesoto hizo público un reclamo que presentó a la presidenta del CNE tras no cumplir con un acuerdo sobre la entrega de dos copias certificadas por notario público con información del sistema informático de la entidad electoral a la Fiscalía.

El envío se habría establecido por la investigación previa que abrió la Fiscalía por una denuncia interpuesta por dirigentes del movimiento Pachakutik (PK).

Verdesoto  detalla que el domingo pasado los consejeros resolvieron enviar a la Fiscalía esta información, “bajo la necesidad de preservar tanto la legalidad y legitimidad del proceso electoral como de respetar el debido proceso”, dijo. “En una arbitraria decisión, usted (Atamaint) suspendió la realización de las copias y canceló la entrega planificada”.

 ‘Constituye un tema de transparencia’

La Contraloría busca hacer un examen especial para dar seguimiento a las recomendaciones señaladas en una auditoría anterior al sistema informático electoral del informe DNA1-0054-2020, del 20 de agosto de 2020.

Por su parte, la Fiscalía dispuso un peritaje al mismo sistema informático y su fecha de ejecución aún no es clara. El peritaje se realiza en atención a una denuncia presentada el 12 de febrero por Luis Segovia, del Movimiento Pachakutik, por supuestas anomalías en el almacenamiento de información digitalizada en las actas del proceso electoral el 7 de febrero.

El peritaje está dentro de las funciones de la Fiscalía como entidad de control; es decir, que realizar una revisión del sistema informático está dentro de sus competencias. Así lo sostiene Nubia Villacís, expresidenta del CNE, quien defiende las acciones de la Fiscalía. “No está fuera de la competencia de la entidad, por lo tanto no se puede considerar como una injerencia”, dijo.

Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, considera que no existe ninguna vulneración de funciones y que se debería permitir las acciones de Fiscalía y Contraloría constituye un tema de transparencia. Insiste en que el peritaje a la base de datos no altera el sistema ni los protocolos de seguridad.

“El sistema informático tiene que encerarse, queda vacío porque eso pasa a un disco duro, a los servidores y ya no se utiliza para la segunda vuelta, queda vacío, alteración no hay, de ninguna índole ni técnica ni legal”, explicó.