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El Estado nunca ha sido sancionado por muertes en cárceles

FEB, 26, 2021 |

Preocupación. Familiares piden garantías y destitución de las autoridades del SNAI.

La Constitución señala que el Gobierno tiene la responsabilidad de rehabilitar y velar por la integridad física y psicológica de los reos. Familiares podrían demandar.

La masacre del 23 de febrero ha puesto los ‘ojos’ del mundo sobre el sistema penitenciario ecuatoriano. La BBC la califica como “la peor masacre carcelaria de la historia del país”.

La crueldad y la saña con la que se dieron las 79 muertes de los privados de la libertad estremecen, pero no son nuevas. Otro capítulo oscuro y sanguinario se vivió en junio de 2019, cuando un grupo de reos acribillaron, decapitaron, arrastraron y lanzaron desde un tercer piso a William Poveda, alias el ‘Cubano’, líder de la organización delictiva ‘Los Cubanos’.

La cabeza del sentenciado por asesinato quedó sobre una cancha de fútbol y al igual que el pasado martes, todo se registró en video.

En agosto del año pasado, pese a la pandemia, también hubo amotinamientos que dejaron 11 muertos en la penitenciaría del litoral. La respuesta de las autoridades fue la misma: “conflicto entre bandas, por el liderato de la cárcel”.

El 2020 se cerró con otro motín en Latacunga donde cinco reos murieron.

La lista de estos hechos es extensa y muestra la falta de acciones funcionales, que no llegan porque “nunca el Estado ha asumido su responsabilidad en el mal manejo de las cárceles”, dice Vianca Gavilánez, abogada representante de la Fundación Dignidad.

Se necesita un precedente

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, señala que las Personas Privadas de su Libertad (PPL) están en custodia del Estado que tiene la responsabilidad de rehabilitar y velar por su integridad física y psicológica.

Gavilánez acota que señalar los conflictos entre bandas como la única causa es deslindarse de su responsabilidad y considera que esto seguirá pasando mientras no se siente un precedente.

El abogado penalista Pablo Encalada explica que ante estos hechos las familias de las víctimas dentro de las cárceles podrían presentar una demanda contra el Estado.

La responsabilidad, sin embargo, será administrativa pero no penal, recalca Encalada con fines indemnizatorios. “Me parece importante que haya una sentencia en ese sentido, que se establezcan responsabilidades”.

Para esto, dice Carrión, las familias deben agotar todas las instancias internas y si no obtienen respuestas ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para llevar un juicio contra el Estado se debe acudir a los Tribunales de lo Contencioso AdministrativoEsto, sin embargo, coinciden los expertos en leyes, tarda mucho y citan el caso de Paola Guzmán, cuya familia obtuvo justica después de casi 20 años. 

Por otra parte, esto no debería descuidar la investigación dentro de las cárceles para también sancionar a los responsables directos (quienes asesinaron a otros presos), que sí tienen una responsabilidad penal. “La Fiscalía tiene que darnos esta respuesta, tiene que procesarlos y tiene que darles otra sentencia”, añade Encalada. (AVV)

Ante los hechos sucedidos el martes, la responsabilidad se encuentra directamente establecida para el Estado”. Freddy Carrión, defensor del Pueblo.

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