Ya han pasado varios años desde el estallido de la crisis de seguridad, pero el país sigue a la espera de hitos en la persecución del lavado de activos. Han existido casos sonados, pero todos han sido meras ramificaciones de investigaciones por otros delitos —de corrupción, narcotráfico o evasión tributaria— o producto del seguimiento al entorno cercano —familiares o amigos— de cabecillas del hampa. Apenas se han visto casos que persigan el lavado, a partir de la detección y análisis de flujos injustificados de dinero. Asimismo, en los procesos existentes llama la atención lo reducidos que resultan los montos investigados cuando se los compara con el volumen de capitales que mueve el crimen organizado —sea en narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y todo tipo de sustancias y objetos ilícitos, o corrupción estatal—. Parecería que el Estado ecuatoriano se conforma con recoger las migajas que deja un colosal negocio ajeno.
¿De dónde viene esta falta de resultados, si es que en teoría sobran las herramientas a favor? La clase política lleva años, campaña tras campaña, hablando de fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La posesión de los nuevos jueces anticorrupción y crimen organizado despertó una inmensa expectativa en años pasados. El marco legal resultante de tantas consultas, incluido el de la figura de “enriquecimiento injustificado”, debería facilitar la lucha. Pululan, además, casos de vulgar ostentación, de obsceno derroche de dinero inexplicable, de empresas que nadie sabe cómo sobreviven, que bien deberían llamar la atención de las fuerzas del Estado. La Justicia debe alcanzar a aquellos aparentemente limpios que financian y lucran de esta guerra inmunda.