Ana Changuín Vélez
La corrupción, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos 2019, es un fenómeno complejo que afecta todos los ámbitos de la sociedad, debilitando las instituciones democráticas, fomentando la impunidad y exacerbando la desigualdad. A nivel internacional, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública y la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública constituyen promesas de los Estados para mejorar estándares de eficiencia, transparencia y participación ciudadana.
En Ecuador, la administración pública se define como un servicio a la colectividad, fundamentado en valores como la transparencia y la calidad, según lo establecido en los artículos 226 y 227 de la Constitución. El Código Orgánico Administrativo prevé un catálogo de principios que incluye la presunción de una conducta adecuada entre los servidores públicos y los ciudadanos.
Si bien está normado el deber ser, la realidad es diferente. En enero de este año, Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción 2023, que evalúa los niveles de corrupción percibida en el sector público en 180 países en el mundo. Este índice, clasifica a los países en una escala del 0 (alta corrupción) al 100 (ausencia de corrupción). Los países que percibieron un menor nivel de corrupción fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85), seguidos de Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. En el extremo opuesto están Somalia, Siria, Sudán del Sur y Venezuela. Yemen (16), Nicaragua (17), Corea del Norte (17) y Haití (17) también se encuentran entre los países con menor puntuación. Según el informe, los países que sufren conflictos armados o autoritarismo son los que suelen obtener las puntuaciones más bajas.
La puntuación de Ecuador (34) en el índice ha disminuido en dos puntos respecto a la edición anterior 2022. Argentina, Colombia, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay, presentan mejores resultados.
En este contexto, las universidades e institutos pueden jugar un papel estratégico en la promoción de la transparencia. La implementación de programas educativos que fomenten la reflexión crítica sobre desafíos éticos contemporáneos y buenas prácticas en su propia gestión y gobernanza generan un ejemplo positivo. A través de proyectos de vinculación, con talleres, conferencias y pasantías que aborden responsabilidad social, participan formando ciudadanos íntegros y comprometidos con el bien común.
En este panorama, la importancia de promover la transparencia y la participación ciudadana, especialmente a través del involucramiento activo de las universidades, cobra aún mayor relevancia. La lucha contra la corrupción y las prácticas indebidas requiere un esfuerzo colectivo, continuo y estructurado de todos.