José Alvear
Al igual que Argentina —que también fue gobernada durante más de 20 años por los nefastos socialistas que dejaron una Constitución llena de candados encaminados a dejar un Estado proteccionista donde todo gira alrededor del papá Estado— parecería ser que la solución para destrabar y terminar con esa estructura ineficiente y pesada en Ecuador es trabajar en una Ley Bases hecha a la medida del país.
La Ley Bases representa una reforma liberal del manual libertario, otra genialidad de Javier Milei y el ejército libertario en Argentina, que con seguridad derrotará a la pobreza por ser una fórmula hacia la prosperidad de cada uno de sus ciudadanos.
En Ecuador, esta ley sería la fórmula perfecta, pues habla de “facultades delegadas”, que significa que el Presidente puede declarar “estados de emergencia” en materia administrativa, económica, financiera y energética, contando con todas las facultades de ejecución, sin tener que pasar por una Corte Constitucional que simplemente, de forma inentendible y poco solidaria con el país, se enfoca en las formalidades del texto y no en el problema de fondo. Ni qué hablar de la Asamblea, que nuevamente sobresale por no aportar nada, siempre girando en función de los “dueños” de los partidos que representan y olvidando que se deben a la ciudadanía.
Otro pilar importante de esta ley es un “Régimen de incentivos a las grandes inversiones”, que habla de alivianar la carga impositiva y aranceles aduaneros, además de una estabilidad normativa con protección particular contra los abusos del Estado por un tiempo de 30 años en proyectos que superen los 50 millones de dólares. Así se fomentan las grandes inversiones a largo plazo, tanto nacionales como extranjeras, que traerán consigo generación de empleo formal a través de la empresa privada y seguramente disminuirán los índices de delincuencia.
Esta es sin duda la clave para seducir al capital y reactivar la economía ecuatoriana.
El tercer pilar de esta genial propuesta hacia la prosperidad abre las puertas de forma seria y real a las privatizaciones. En otras palabras, permite al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado que hoy solo generan pérdidas económicas que el papá Estado opta por “subsidiar”. Para muestra un botón: CNT, Seguros Sucre (hoy en liquidación), Flopec, en su momento la misma TAME. Empresas que en manos privadas no solo que generarían ganancias, sino que también garantizarían la estabilidad laboral y generación de nuevas oportunidades. Claro está que para esto hay que eliminar los cancerígenos comités de empresa o sindicatos que solo sirven para enriquecer a sus cabezas y entorpecer cualquier posibilidad de progreso y competitividad.
Por último y no menos importante una responsable y equilibrada reforma laboral que termine con abusos de patronos o empleados apuntando a modernizar el empleo formal desde lo privado, que se encuentra estancado hace 20 años.
¿Cómo? Ofreciendo incentivos para formalizar a sus empleados y terminando de apuntalar el empleo por horas. Flexibilizando la forma de contratación laboral para incentivar a los microempresarios o emprendedores a animarse a contratar personal en sus proyectos. De esa forma también se presenta una oportunidad de generar ingresos de forma honesta a cada uno de esos 5,5 millones de desempleados.
La Ley Bases es simplemente pragmática y nos deja un mensaje claro: “¡Menos Estado! ¡Más inversión! ¡Más generación de empleo! ¡Menos delincuencia, más libertad!”