Paco Moncayo Gallegos
Se atribuye a Alec Ignosis, un famoso diseñador, la frase: “un camello es un caballo diseñado por una comisión”; también Peter Drucker, al explicar lo que era un comité, dijo: “el camello es un caballo de comité”. En ambos casos, se quería significar que, cuando realmente no se desea resolver un problema o si da lo mismo cómo éste se resuelva, se lo ‘pasa a una comisión’. Es lo que ha sucedido con la mediocre ‘Comisión Ocasional’ que investigó el infame asesinato de Fernando Villavicencio la cual concluyó extrañamente, con el voto en contra de Viviana Zambrano, que no fue un crimen político sino efecto de la delincuencia común. Adrián Castro (ADN), de forma insólita afirmó que la culpa era del expresidente Lasso por incumplir su deber de mantener el orden interno y la seguridad.
La verdad es que el doctor Francisco Huerta ya denunció en 2008 que el Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado y un miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación refería el 2022 que los centros de reclusión habían sido entregados a las mafias 10 años antes. Es innecesario repetir lo del retiro de la Base de Manta, la Ley de ciudadanía Universal, el financiamiento de las campañas con dineros sucios de las FARC, Etc., porque los informes de Fiscalía demuestran fehacientemente la formación, desde varios años atrás, de una organización narcopolítica que, en uso de la reflexión más elemental, no se conforma con ‘delincuentes comunes’.
Además, es importante investigar las denuncias sobre el empleo del sistema ECU-911 y de la Dirección Nacional de Inteligencia para vigilar y perseguir a adversarios políticos y que se sancione a los responsables del incumplimiento del ‘Reglamento que Norma las Actividades de Protección Pública que Desempeña la Policía Nacional’. También debe hacerse público el estudio realizado por dicha institución sobre las amenazas que justificaron calificar con el 93% de riesgo a Fernando Villavicencio que, seguramente, no serán referidas al delito común.
Finalmente hay que exigir que la Asamblea saque las manos de la Función Judicial, para que sea la Fiscalía la institución que determine quienes fueron los culpables intelectuales y materiales del crimen y los jueces determinen la sanción.