Sofía Cordero Ponce
El viernes 21 de agosto de 2015 la activista y académica franco-brasilera Manuela Picq abandonó el Ecuador ante la falta de garantías de protección a sus derechos en la que la había dejado la Cancillería y la justicia. Todo comenzó el 13 de agosto cuando fue detenida durante las protestas en contra de Rafael Correa para luego ser sometida a un proceso de deportación lleno de acciones fraudulentas.
Nueve años después, el martes 25 de junio, la Cancillería revocó la visa de la periodista cubana Alondra Santiago por haber cometido supuestos actos en contra de la seguridad del Estado. La resolución se basó en informes “secretos” emitidos por el Ministerio del Interior y del Centro de Inteligencia Estratégica. Pero hay quienes afirman que la medida es una reacción del Presidente al video que la periodista difundió el 31 de mayo por redes sociales en el que cantó una versión modificada del himno nacional burlándose del Gobierno. La noche del martes 25, el Gobierno difundió en cadena un video del himno nacional que abrió con el mensaje: “Por respeto al país”.
Lo de Manuela Picq fue una más de las demostraciones de autoritarismo de un régimen que se regodeaba en el sufrimiento de sus opositores. Lo de Alondra Santiago es una demostración de que el Gobierno de Daniel Noboa, lejos de plantear una “nueva política”, ha heredado los peores vicios de los peores gobernantes. La diferencia entre Manuela y Alondra es que la primera protestaba por los derechos y libertades de todas aquellas víctimas y perseguidos por el régimen correista, mientras que Alondra es una fiel militante y defensora de los miembros y postulados de la Revolución Ciudadana.
No sabemos la razón de la expulsión de la periodista, pero algo sí queda claro: hoy todos estamos en peligro. Hoy somos testigos de que quienes expulsaron a Manuela, y por quienes milita Alondra, labraron bien el terreno para los autoritarismos.