Wellington Toapanta
La festiva y desenfrenada administración de bonanzas económicas albergan riesgos impredecibles. Hace 50 años una dictadura tuvo inesperados ingresos y decidió subsidiar combustibles, no por angustias monetarias de usuarios, sino por generosidad, acaso por la conmoción causada por las gigantescas olas de petrodólares.
En agosto 16 de 1972 Ecuador entró al escenario petrolero internacional; el precio referencial fue $2,56 por barril de 30 grados API; para diciembre del 73 subió a $10,20, entre otros factores, por la guerra del Yom Kippur-Ramadán (árabe-israelí); un mes después llegó a $13.90. El aumento fue del 543%. En 1974 se esperaban $150 millones de petrodólares, pero superaron $700 millones.
En el 72, prestamistas externos ignoraban al Ecuador; desde el 74 proliferaron para vender créditos. Escalaron deudas públicas y privadas. La opulenta dictatura ensayó modernización urbana, infraestructura, concesiones, sustitución de importaciones, no hubo huellas profundas de la posterior bonanza correísta, que acumuló despilfarros, sobreprecios, sobornos, expansión de la institucionalización de la pobreza (bonos).
En los dos casos se incrementó la burocracia, importación suntuaria, el parque automotor. Insólito fue subsidiar combustibles que, 50 años después del inicio, afecta, perniciosamente, a la caja fiscal. El subsidio diluyó su temporalidad que, junto con los bonos, Ecuador exhibe como únicas políticas de Estado: ha institucionalizado dádivas, pobreza. Crecen los beneficiarios, acostumbrados a estos dispendios improductivos, incendiarios ante eventuales revisiones. Desde 1974 el subsidio acumularía $60.000 millones. El ascenso del subsidio es directamente proporcional al creciente parque automotor.
Las bonanzas fueron fugaces oasis económicos. Los administradores del Estado han rehusado hacerlas reales en sus verdaderas magnitudes; solo subsiste la rutina del dispendio. Servicios esenciales de salud, educación, infraestructura padecen por populistas derechos sociales que distorsionan la economía. El subsidio beneficia a sectores que dinamizan economías particulares, en detrimento de obra pública, agricultura, agroindustria, del progreso económico y social, del bienestar y ventura ciudadana.