Lo que ocurre con el robo de combustible es una clara advertencia sobre lo que le puede esperar al país si no se toman los correctivos necesarios. El problema que antes obedecía a una lógica reducida e improvisada —protagonizada por bandidos oportunistas— ahora ha caído bajo el dominio de los grandes grupos de delincuencia organizada y se extiende a toda velocidad por el territorio nacional. Esto nos recuerda a los ecuatorianos que la alternativa real a la firme presencia del Estado no es una ligera anarquía silvestre en la que los audaces pueden cosechar frutos, sino el imperio a sangre y fuego de las bandas y carteles.
Todo este espiral descendente arranca con el diseño mismo del Estado ecuatoriano actual: obeso, hiperextendido e ineficiente. Conforme escasean los recursos y la capacidad para mantenerlo, su paulatina descomposición —tanto material como institucional— parece inevitable.
Aunque en un inicio el desorden resultante parece dejar la infraestructura y los recursos a merced de los pícaros locales, tarde o temprano, la gobernanza del verdadero crimen organizado se impone. A partir de allí esos recursos pasan a fortalecer al hampa y, con el paso del tiempo, el Estado se debilita mientras los criminales se fortalecen.
Combustible, recursos mineros, comercio, migración, puertos, seguridad, etc.; cualquier ámbito del que la autoridad nacional se ausente, será ocupado, tal y como ya se aprecia, por el crimen organizado. Es mejor un Estado reducido, pero con presencia verdadera y control efectivo, que uno teóricamente omnipresente, pero que ni siquiera puede tenerse en pie y proteger sus activos más valiosos.