Atizar los más bajos sentimientos de la muchedumbre para cosechar popularidad suele ser una estrategia tan vil como efectiva. La irracionalidad seduce a las masas, por lo que avivar sentimientos como la xenofobia, el ánimo de venganza o la crueldad siempre permitirá ganar adeptos. Semejante proceder, por lo general, resulta irresistible para aquellos regímenes o gobernantes de carácter arrebatado e insidioso. Probablemente, allí yace la explicación para la indefendible medida que el Gobierno emprende contra la comunicadora extranjera Alondra Santiago.
La defensa de la libertad de expresión nos obliga, bajo toda circunstancia, a protegerla a pesar de no estar de acuerdo con el criterio de uno u otro periodista, medio de comunicación o ser humano. En el caso de Santiago, la orden de cancelación de visa y subsecuente expulsión ha venido directamente del Poder Ejecutivo.
Este condenable hecho ilustra una confusión de principios al momento de gobernar. Ni el nacionalismo ni la soberanía pueden servir de pretexto para ataques burdos a la libre circulación de opiniones e ideas en un país que se precia de ser una democracia, como Ecuador. Mucho menos, una vaga alusión a un “informe reservado” del Ministerio de Gobierno, y que la acusa de atentar contra “la estructura del Estado”.
En un pasado no tan lejano, vivimos suficientes casos desafortunados de expulsiones motivadas por cálculos populistas o taras personales —Manuela Picq, Eduardo Somensatto, Heather Hodges, Sean O’Hearn, etc.—. Proceder hoy de la misma forma, implica renunciar a tener mayor estatura moral que aquellos a los que se criticaba.
Preocupa severamente, cada vez más, la soltura con la que el Gobierno de Daniel Noboa apela a medidas autoritarias y quebranta los códigos fundamentales de convivencia democrática.