El gobierno de Daniel Noboa ha tomado la valiente decisión de reducir el subsidio a los combustibles y, paulatinamente, liberalizar el precio de las gasolinas. Puede que sea una medida que hoy nace de la fuerza de las circunstancias antes que de la convicción, pero no por ello deja de ser un paso en el camino correcto para devolver la sensatez al funcionamiento del Estado y a la economía nacional. Ahora, el régimen pondrá a prueba, bajo la atenta mirada de la ciudadanía, algunos mitos que, hasta el momento, impedían toda medida al respecto.
Existe la creencia, fortalecida por los hechos de octubre de 2019, de que poner fin a los subsidios a los combustibles implica caos inexorable y suicidio político. Ahora se verá si es así o si, al contrario, el fracaso de los intentos de regímenes pasados obedeció a factores de otra índole, como baja popularidad, divisiones internas o esfuerzos organizados de desestabilización.
Se ha argumentado también, de forma maniquea, que, pese a los avances tecnológicos, la focalización era técnicamente inviable, que la gente encontrará la forma de hacer trampa y que ello solo prolongaría el problema. Si es que el plan del gobierno en ese sentido tiene éxito, habrá silenciado definitivamente a los críticos. Quizá solo queda esperar que este no sea un nuevo foco de corrupción, que desvíe la trampa del bolsillo de unos, hacia las arcas de otros.
Ahora, cuanto antes, el Gobierno necesita empezar a mostrar a la población los resultados positivos que traerá el fin de un subsidio absurdo e inmoral, y a esforzarse por convencer a la población sobre la necesidad de la medida. De tener éxito, esta decisión abrirá la puerta para poner fin a muchas otras distorsiones y barreras. Así, veremos que los ecuatorianos sí somos capaces de entrar en razón.