La crisis de las finanzas públicas tiene un impacto inaceptable en el sector de la salud. Tras años de intermitente desabastecimiento y falta de personal, hoy agobian las crecientes deudas pendientes con proveedores e instituciones privadas. Los cambios de autoridades en el Ministerio, con las consiguientes demoras y reestructuraciones, agravan la situación.
Pareciera que el Estado se niega a aceptar el verdadero carácter estratégico que la salud —al igual que la energía y la educación— entraña para la sociedad.
La deuda no es solo económica, sino estratégica; se requiere una verdadera profesionalización e institucionalización en el campo administrativo de la salud, que permita establecer políticas y estrategias sostenibles a lo largo del tiempo.
Los cambios políticos no pueden conllevar siempre la paralización de compras de medicamentos y equipos o, peor aun, giros radicales que impliquen empezar desde cero. Al mismo tiempo, es necesario entender y aceptar la lógica bajo la que operan los diferentes actores; por más dolorosa que resulte la negativa a seguir recibiendo derivaciones, el Estado no puede exigir injustos sacrificios a los hospitales privados, Solca y demás instituciones a las que adeuda.
Momentos extremos como estos nos recuerdan la necesidad urgente de empujar —aunque incomode a sectores económicos poderosos— una política de salud preventiva antes que paliativa. Solo eso traerá una población más apersonada de su salud, instituciones sanitarias enfocadas en educar a la población y un ahorro considerable. Se trataría de un golpe de timón verdaderamente liberador.