Cristian Bravo Gallardo
Panorama Global
Se ha iniciado en el país una cruzada para la configuración de una cultura de la legalidad que permita hacer frente a los males que nos aquejan durante los últimos años. Para ello, es importante señalar algunos ámbitos en los que la cultura de la legalidad puede incidir.
El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad, entendido como un proceso complejo compuesto por aspectos culturales, históricos, sociales y políticos. Dicho proceso tiene que ver con una construcción continúa y dinámica que requiere de la participación activa y el compromiso de toda la sociedad
Entre los aspectos que contribuyen hacia al fortalecimiento de la identidad de un país se destacan la educación cívica, la diversidad cultural, la preservación del patrimonio, el fomento del turismo cultural, el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la construcción de narrativas, el diálogo pluralista, entre otros.
A ello se suman principios básicos como el estado de derecho, la rendición de cuentas, la cooperación y el bienestar común; fundamentos que permiten un funcionamiento cohesionado de una sociedad, el bienestar común y la convivencia pacífica.
Un segundo ámbito para resaltar en torno a la cultura de la legalidad tiene que ver con la democracia. Un sistema democrático se fortalece en la medida en que se garantiza el respeto por el estado de derecho, se protegen los derechos y libertades individuales, la justicia y la igualdad, se previene la corrupción y el abuso de poder, fomentando así la participación ciudadana en la vida democrática.
En el ámbito legislativo, el concepto de parlamento abierto hace referencia a un enfoque de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Este concepto abre las puertas del proceso legislativo a la ciudadanía, permitiendo mayor participación en la toma de decisiones y mayor supervisión de las actividades parlamentarias, a fin de garantizar que las políticas y leyes reflejen los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto.
La referirnos al fortalecimiento de la democracia, la confianza en las instituciones es un elemento central, una vez que el país atraviesa por momentos duros, producto de la corrupción y la incursión del crimen organizado.
La cultura de la legalidad busca generar confianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema judicial como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. El establecimiento de normas y valores compartidos que unan a los ciudadanos en torno a un sistema de gobierno democrático y justo permitirá una sociedad cohesionada, generando un sentido de pertenencia y solidaridad, fortaleciendo así la identidad nacional.
Un tercer ámbito atado a la cultura de la legalidad es el de la comunicación.
Y es que en la era de la colaboración, este conjunto de valores, normas y actitudes adquiere una importancia mayor, debido a la interconexión global y la propagación de tecnologías que facilitan la colaboración entre individuos, organizaciones y países.
Ello implica tener claro el respeto por las normas y las regulaciones internacionales, la protección de los datos y la privacidad, el cumplimiento de los contratos y acuerdos, la prevención de delitos cibernéticos y fraudes y, la promoción de la ética en la investigación y desarrollo de proyectos.
La comunicación entonces se convierte en un instrumento determinante para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, al proporcionar información, promover valores éticos, fomentar la participación ciudadana, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, denunciar la corrupción y promover la justicia y la igualdad a través de campañas de sensibilización, la generación de documentales, informes de investigación y testimonios. Es fundamental en ese sentido, utilizar los instrumentos de comunicación de una manera estratégica y ética a fin de construir sociedades más justas, seguras y democráticas.
El camino hacia una cultura de la legalidad requiere un enfoque integral que aborde diversos ámbitos y aspectos sociales, institucionales y educativos, ello a través de acciones concretas como la concienciación, a través de programas educativos, la capacitación de funcionarios públicos en materia de ética, el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información, el fortalecimiento del sistema judicial garantizando su independencia en la aplicación de la ley, la participación ciudadana a través de la creación de consejos, comités de vigilancia y consultas públicas sobre políticas y decisiones gubernamentales.
A ello hay que sumar la promoción de la ética en el sector privado a través de la adopción de códigos de conducta empresarial, la implementación de programas de cumplimiento y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
También la lucha contra la corrupción a través del fortalecimiento de mecanismos de control eficaces y una cultura de rendición de cuentas; el fomento de la responsabilidad individual y el respeto por las leyes las normas sociales a través de campañas de sensibilización pública, programas de liderazgo ético y, el reconocimiento a las buenas prácticas ciudadanas.
La construcción de una cultura de la legalidad es esencial entonces para promover una mejor convivencia social al fomentar el respeto a las normas, prevenir conflictos, promover la justicia y la igualdad, fortalecer la confianza en las instituciones, promover la responsabilidad individual y fomentar la participación ciudadana.
La cruzada para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad merece el respaldo de todos los ciudadanos que busquen dar una solución al duro momento que atraviesa nuestra sociedad. La implementación de un nuevo sistema de valores permitirá construir comunidades seguras, inclusivas y prósperas en el mediano y largo plazo. Por todo lo señalado, contribuir con acciones concretas hacia una cultura de la legalidad es y será una tarea de todos.
Cristian Bravo Gallardo
Panorama Global