La presidenta de la Corte Nacional de Justicia

FEB, 20, 2018 | - Por Antonio Rodríguez Vicéns

Antonio Rodríguez Vícéns

La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre, en declaraciones coincidentes dadas a la prensa nacional, al hablar de la independencia de la Función Judicial, ha afirmado que “la independencia de cada juez nace de él, es un tema de valores y principios”, que “nace de la formación, de la convicción”, y que “el juez que sienta que no puede ser independiente, no puede ser juez”. Estos criterios reflejan evidentemente una visión parcial e incompleta de la independencia de nuestra administración de justicia. Expresan una verdad a medias y, por tanto, falsa. Eluden la realidad.

No es honesto cerrar los ojos al grave e irreparable daño que ha causado la destrucción de la independencia de la administración de justicia. La dictadura correísta, con la connivencia del Consejo de la Judicatura y su injerencia inconstitucional, atropelladora y desafiante, con la anuencia complaciente de la propia Corte Nacional, creó un mecanismo de control y sometimiento inédito en nuestra historia. No se trata de un juez o de otro juez, con o sin principios. Es un sistema integral, global, que ha convertido a los jueces en un instrumento sumiso a los intereses de un proyecto inconfesado.

¿A pesar de que ha integrado durante varios años la Corte Nacional, la nueva presidenta no se ha enterado de la injerencia inconstitucional, ilegal y abusiva del Consejo de la Judicatura en las decisiones de los jueces “y en la elaboración de sus providencias”? ¿No conoce el texto de los oficios enviados a los jueces por funcionarios de segunda categoría, imponiéndoles, sin ninguna base legal, procedimientos en la tramitación de las causas, hasta reducirlos a la condición de simples copiadores de autos y providencias, atentando contra los derechos de los litigantes y llevándolos a la indefensión?

¿No ha leído la prohibición constante en el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, que el Consejo de la Judicatura (que no es jerárquicamente superior a jueces y tribunales como para imponer procedimientos y resoluciones) ha violado groseramente? Así, ¿no es inconcebible que la nueva presidenta del máximo organismo de nuestra administración de justicia no conozca, según se desprende de sus declaraciones, su ominosa realidad, la pérdida de su independencia, su penosa mediocridad, la sumisión de jueces y tribunales y la paulatina y constante degradación a la que ha sido condenada?

 

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