Consulta aleccionadora

FEB, 25, 2018 | - Por GUILLERMO LEMOS VALENCIA

GUILLERMO LEMOS VALENCIA

 

El 4 de febrero de 2018, al término del proceso electoral, los ecuatorianos recibimos con inmensa satisfacción los resultados contundentes por el Sí, en las 7 preguntas de la consulta popular. Lo que nos habla con claridad meridiana que queremos se corte de raíz y se investigue a profundidad la tendencia generalizada de corrupción que se entronizó en las instituciones públicas del país y que se observe con sumo cuidado el accionar del nuevo Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ya basta de designar de forma arbitraria e irresponsable, a las autoridades de control de la corrupción, que resultaron más corruptas que la misma corrupción.
 

Votamos por la reactivación económica y la productividad, así como por la oxigenación de los cuadros políticos que buscaron perennizarse en el poder. Votamos, además, unánimemente contra la contaminación del medio ambiente y de las corrientes hídricas, convirtiéndose esta oportuna decisión, en un freno al otorgamiento de permisos para la explotación minera.
 

Infame práctica que hoy hemos constatado se está dando en la provincia de Esmeraldas, lo que va a conllevar también a la contaminación del río Esmeraldas y sus afluentes con mercurio, arsénico y otros metales pesados, descalificando a estas aguas para el consumo humano a los habitantes de los cantones Quinindé y Esmeraldas. Por consiguiente, debemos estar atentos para rechazar todo intento de concesión minera para la explotación del oro y más minerales.
 

Los esmeraldeños debemos, además, reiniciar las gestiones para buscar ingresar en la Ley 010, instrumento jurídico que entrega recursos económicos de compensación social por la contaminación provocada por el manipuleo del petróleo y establece mecanismos para controlar y prevenir la contaminación, así como para sancionar a los causantes de ella. La aprobación por la Asamblea Nacional en segunda instancia, de este cuerpo de ley modificado, está planificado para el primer trimestre de este año, en consecuencia, se hace urgente que las alcaldías, las juntas parroquiales, el Consejo Provincial se interesen en el tema y consigan, por el bien de la comunidad que un día los eligió, que nuestra Provincia sea ingresada en esta ley.

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