La muerte del general

Ugo Stornaiolo

El excomandante de la FAE, Jorge Gabela, fue baleado en diciembre de 2010 en su casa y murió días después. ¿Por qué? Por su desacuerdo con la compra de los helicópteros Drhuv, adquiridos tras su renuncia. El militar era vigilado por oficiales de su arma desde 2006. Para Correa, la compra fue “una buena decisión con mala suerte”. 4 aeronaves accidentadas, tres fallecidos y otros tres helicópteros inoperativos demostraron la corrupción.

Desde 2010 hasta 2017 se hablaba de “delincuencia común”. Instancias oficiales del gobierno de Correa negaban relación entre la adquisición de los Dhruv y la muerte de Gabela. La familia del general rechazó el informe, por inconsistencias, como la extracción de páginas que comprometían a funcionarios del correísmo.

Un tercer informe -negado, mutilado u ocultado-, habla de otras razones para la muerte de Gabela, e implicaría a funcionarios del correísmo y al mismo expresidente (quien se olvidó de informar los resultados del peritaje). Siete años y medio después, el perito Meza confirmó el contenido del informe y el ex ministro de Justicia, Lenin Lara, lo ratificó.

Más involucrados: altos oficiales de la FAE, funcionarios del régimen correísta (por acción u omisión), ministros de Justicia entre 2013 y 2014 (Lenin Lara, José Serrano y Ledy Zúñiga) y se podría implicar a los exministros de Defensa, María Fernanda Espinoza y Fernando Cordero.

La desclasificación de archivos ofrece más datos: un pago de $ 20 mil a un fiscal (con copias de depósitos bancarios) para liberar a uno de los presuntos asesinos -matado un año después (la fiscalía no investigó)-, la inconsistencia en balística, las confesiones de uno de los 4 reos detenidos, el fiscal Galo Chiriboga que nunca investigó el caso y la no acusación al supuesto asesino (que no era zurdo).

Hay funcionarios de rango medio en la mira: Paola Carrera, Augusto Ochoa (hijo del abogado del exmandatario) y Marcela Longo, integrantes del Comité Interinstitucional (creado por Correa) quienes custodiaban el tercer informe del perito Meza y las actas de sesiones del Comité, hoy desaparecidos. ¿Se oculta otro crimen de Estado?

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