¿Una sentencia puede ser la puerta al matrimonio igualitario?

DECISIÓN. Defensores de Derechos Humanos y activistas ofrecieron la mañana de ayer una rueda de prensa.
DECISIÓN. Defensores de Derechos Humanos y activistas ofrecieron la mañana de ayer una rueda de prensa.

En primera instancia, juezas ordenaron que se registren dos casamientos. El tema está en la Corte de Azuay.

Desde el martes, Ecuador tiene puesta su mirada en la Corte de Justicia de Azuay. Este tribunal podría emitir una sentencia que “sentaría jurisprudencia” en el país: ratificar o no la orden de dos juezas de inscribir en el Registro Civil el matrimonio de dos parejas del mismo género.

Martina Rapido y Beatriz Rodríguez, ambas abogadas, ratifican que es la primera vez que un juzgado de primera instancia emite una sentencia en este sentido.

Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, juezas de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, aceptaron así las demandas de las parejas y establecieron que se han violentado sus derechos. Además, ordenaron al Registro Civil que “proceda a la inscripción”, que les negara a inicios de año.

Rapido explica que la decisión no solo tiene plena validez, sino la misma o superior “jerarquía jurídica” que la Constitución. Esto, debido a que se sustenta en un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento: la Opinión Consultiva que en 2017 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El texto de esta resolución internacional, expedido en octubre, establece que los estados tienen la obligación de garantizar protección de derechos “de las familias conformadas por parejas del mismo sexo”.

“Efectivamente, esto es histórico. El único reconocimiento de derechos que se ha hecho a una pareja del mismo sexo es la posibilidad de que inscriban a su hijo, pero eso no se puede equiparar legalmente al matrimonio”, argumenta Rapido.

Similar criterio tiene Rodríguez, quien es defensora de Derechos Humanos y señala que “con la inscripción de este matrimonio se puede generar jurisprudencia para que se lo continúe en otras ciudades”.

Sea favorable o en contra la resolución que emita la Corte Provincial se sienta jurisprudencia, enfatiza Rodríguez. Y explica que, si no se ratifica, la pareja puede acudir a una tercera y última instancia: la Corte Nacional de Justicia.

Trámite
El caso llegó a la Corte de Azuay, luego de que el Registro Civil apelara la sentencia. Colectivos y organizaciones de la comunidad Glbti se confesaron felices. “Felicitamos a estas juezas que hicieron valer lo que dice este instrumento internacional que amplía los derechos establecidos en la constitución”, comentó Nathaly Yépez, abogada representante del Colectivo Jurídico Feminista.

Anticipó que si la corte azuaya no ratifica la orden de las juezas llevarán el caso a la Corte Constitucional. (JCER)

‘No hubiese pasado hace cinco años’
° Pamela Troya, activista por los Derechos Humanos y el matrimonio igualitario, espera que la sentencia de la corte azuaya sea favorable.

“La sentencia de primera instancia no hubiese pasado hace cinco años. Hoy respiramos nuevos aires, pero en ese momento se ignoró el carácter laico del Estado”, dijo Troya para quien este tema “tiene que ver con el Derecho no con la religión”.

Actualmente, el caso de Troya, quien también tiene la decisión de casarse con su novia, se encuentra en la Corte Constitucional, que no ha dictado ninguna nueva diligencia para resolverlo.

FRASE

Esperamos que la Corte Provincial no dé un paso atrás en el respeto a los Derechos Humanos”. Nathaly Yépez, abogada del Colectivo Jurídico Feminista

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