FAUSTO MERINO MANCHENO
Basada en un mapa de proyección de riesgo de tsunami (año 2012) que podría afectar a la isla de Muisne, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNR) declara Zona de Riesgo a la isla y sus alrededores, prohibiendo los asentamientos humanos (junio del 2016- resolución 073). Con esta orden dictatorial, 4000 habitantes que no perdimos nuestras casas, debíamos abandonar la isla dejando hogares y enseres, en búsqueda de algún sitio donde recomenzar nuestras vidas. Una medida de esta naturaleza mínimamente debió ser socializada y consultada con los pobladores afectados. Nunca ocurrió y no abandonamos ni abandonaremos la isla.
Toda la costa occidental de las Américas, se encuentra en una zona de movimiento de placas tectónicas que han provocado a lo largo del tiempo, sismos, terremotos y tsunamis. Sin embargo, a nadie se le ocurriría la peregrina idea de desalojar los habitantes de todos los pequeños poblados y grandes ciudades costeras, por esa posibilidad. De lo que se conoce, históricamente la isla de Muisne nunca ha experimentado un tsunami.
La resolución publicada en el Registro Oficial, obligó a que escuelas y colegios fiscales importantes de la isla que no sufrieron afectación estructural, fueran trasladados a aulas prefabricadas al apuro. Los niños y adolescentes isleños deben ir a diario a ellas, atravesando el estrecho y peligroso puente peatonal, y retornar en sentido contrario. El hospital quedó reducido a su mínima expresión. No posee ni elementales equipos de rayos X o de ecosonografía. Su laboratorio clínico, más pasa sin funcionar debido a la falta de insumos y reactivos.
De lo antedicho, lo que toca es echar a la basura la absurda resolución de la SNR. Justo y razonable es: ampliar la anchura del puente que une la isla con el continente; optimizar las medidas de educación en la prevención de riesgos; emitir medidas referentes a la construcción de viviendas seguras; construir Torres de Protección elevadas capaces de albergar a centenas de pobladores isleños, de manera rápida y segura. Y construir sistemas de agua potable y canalización de aguas servidas. Para todo esto, el Comité de la Reconstrucción cuenta con el dinero suficiente, aportado no por el gobierno sino por todos los ecuatorianos.