Luego de dos años y dos meses del desalojo de su sede en Quito, la Unión Nacional de Educadores (UNE) realizó su primer congreso nacional y renovó su directiva, a quien encomendó proseguir la recuperación de su personería jurídica retirada durante el gobierno anterior, de Rafael Correa.
A esta cita se autoconvocaron en Quito más de 600 personas que registraron su asistencia como integrantes de siete federaciones provinciales que sí ostentan reconocimiento legal.
Isabel Vargas fue elegida como presidenta luego de comprometerse ante ese congreso que “la UNE se volverá a convertir en lo que siempre fue: el gremio que defiende los derechos de los maestros”.
Ruta de trabajo
Vargas y los delegados provinciales acordaron una agenda de dos puntos, el primero, calificado como urgente, para gestionar ante la Función Judicial la representación legal del gremio. Esto, luego de que en septiembre de 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo archivara un recurso en contra de la resolución del Ministerio de Educación de disolver a la UNE como gremio representativo de los maestros ante el Estado.
El segundo, en cambio, dispone que el gremio realice todas las gestiones necesarias para que no queden en la impunidad los casos de abusos a menores en establecimientos educativos y supuestos avisos laborales del Ministerio de Educación a representantes de los maestros.
Al intervenir en este congreso, el dirigente Carlos Jara, por ejemplo, dijo que “el actual Gobierno tampoco ha hecho nada para que se haga justicia con los casos de abuso a menores. No ha habido mayor cambio, se siguen ocultando”.
NOTAS RELACIONADAS
Confrontación por elecciones de la UNE
UNE se opone a que el IESS sea manejado por el Gobierno
Liquidación de la Unión Nacional de Educadores (UNE) no concluye