Gioconda Benítez, coordinadora General Zonal Defensorial 9, explicó que ante las más de 70 denuncias de clientes de las operadoras móviles sobre cobros indebidos por productos y servicios no autorizados ni contratados, en días anteriores presentaron una acción de protección, con el objetivo de exigir soluciones integrales al problema.
Estas soluciones estarían relacionadas con que cada operadora, a través de sus departamentos de fraude, realicen un control sobre los contratos que firman y sobre los datos de los posibles usuarios. Además, también deberían implementar sistemas de atención y reparación, que se activen antes que los clientes reclamen.
Fue negada
Sin embargo, la acción de protección presentada fue negada el 15 de febrero pasado, bajo la premisa de que existen vías ordinarias para la protección de derechos. Este dictamen involucra el trámite de las denuncias a través de la justicia ordinaria y la Fiscalía, que según Benítez, resulta beneficioso para las operadoras, pero perjudicial para los clientes, porque implica trámites largos, que pueden durar más de dos años, con los correspondientes costos económicos.
En caso de que no se acepte la apelación, se tramitará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. “Las personas se enteran de los cobros indebidos cuando aparecen en el buró de crédito, revisan sus estados de cuenta o son llamadas por las mismas operadoras por el inicio de un proceso coactivo”, concluyó. (JS)