Apoyada por un bastón de metal color gris y agobiada por los fuertes dolores que le producen la artrosis (enfermedad de los huesos), encontramos a Martha Quiñonez Cuero, de 59 años, camino al lugar donde vivió hasta el 16 de abril del 2016, que se registró el terremoto de 7.8 a escala de Rither, que destruyo su vivienda.
De la casa, ubicada en la Isla Luis Vargas Torres, tipo palifica ( construida sobre pilares elevados) que fue edificada por la Corporación de Desarrollo Afro-ecuatoriano (Codae), solo existe la loza del piso que es sostenida por nueve columnas, cinco en buen estado y cuatro destruidos por el fuerte movimiento telúrico.
Con mucha tristeza dijo: “hoy se cumplen 36 meses de estar de donde mis hijos”. Ella no ha sido atendida con la construcción de su vivienda, a pesar que por muchas ocasiones fueron funcionarios gubernamentales a levantar la información.
Los incumplidos
La mujer con problemas de discapacidad del 91%, dijo que por su dificultad de salud no puede andar de un lado para otro, que necesita una casa donde pueda estar tranquila, y no esforzar sus piernas y brazos que cuando camina le producen dolor.
Agregó que hasta el año anterior realizó gestiones en el Miduvi, pero que las suspendió porque se cayó subiendo a un bus y se golpeó la rodilla. Con pesar, dijo que a su edad, lo que los mayores desean es estar descansando sin ninguna preocupación.
El Miduvi, en su Informe de Rendición de Cuentas del 2018, dio a conocer que en la provincia de Esmeraldas, post terremoto se construyeron 422 viviendas, 928 se mejoraron y se entregaron 1.350 incentivos. De 300 a 400 están pendientes, por algunos casos: falta de escrituras, no están el Registro Social, porque firmaron las actas de entrega-recepción a los contratistas y no les construyeron ni repararon. A unos siete profesionales de la construcción les iniciarán procesos judiciales.