Cerca de 150 familias, de diferentes lugares de la ciudad de Esmeraldas, se han tomado unos terrenos ubicados en la isla Pianguapí, contiguos al conjunto de puentes sobre el río Esmeraldas.
En el sitio, que según lo han limpiado a machete, se encuentran construidas algunas covachas con materiales del medio y plástico, donde pasan en el día y la noche.
Los invasores afirmaron que no tienen dónde vivir, porque sus casas con las inundaciones del 25 de enero y el terremoto del 16 de abril de 2016 se destruyeron y como los engañaron que les entregarían una vivienda nueva y no lo cumplieron, se cansaron de esperar y decidieron asentarse en esa área que, según la Dirección de Avalúos y Catastro del Municipio, tiene dueños.
Jhon Rivera, uno del grupo, dijo que se ubicaron en esos predios, porque estaban abandonados y que como no tienen dónde vivir, asegurando que no van a salir porque sus hijos tienen derecho a un hogar donde crecer.
Esperan las autoridades
En forma enérgica dijo: “De aquí no vamos a salir, estamos en pie de lucha, si las autoridades quieren dialogar con nosotros, esperamos vengan, porque todos necesitamos”, advirtió Rivera, agregando que con la decisión adoptada no están retando a las autoridades, sino lo que quieren es que vayan y vean que están necesitando un terreno.
Tania Perlaza, residente de Pianguapí, dijo vivir en la casa de su padre, pero que apoya la causa del grupo que en verdad necesitan que no lo tienen y que ahí no se van a mover. Recordó que con el terremoto del 16 de abril, su vivienda se destruyó, pero han transcurrido tres años y aún está caída.
La madre de cuatro hijos dijo haberse sentido engañada porque hizo un trámite de más de tres meses y hasta ahora no recibe ninguna ayuda, también refirió que se hundieron y nadie los auxilio.
“Ahora nosotros necesitamos una vivienda y la vamos a hacer con nuestro propios esfuerzos, por eso no nos vamos a mover”, afirmó Perlaza.
Que verifiquen
Reiteró que solo se moverán de ahí cuando el Municipio les demuestre que son dueños de un terreno y que los ubiquen en las 22 hectáreas que pelaron en la administración del exalcalde, Lenín Lara, que dejó donada a la gente más pobre.
Los ocupantes de esas tierras, incluso, se han repartido los terrenos, tocándoles un área de 7×15 metros, siendo beneficiados todos. Ante la evidente carencia de los servicios básicos, realizaron gestiones, producto de ello, ya tienen servicio eléctrico.
Flor Quiñónez expresó que ellos son todo un pueblo, “nadie nos amedrantará, siempre hemos padecido de todo”, insistió, poniendo como ejemplo que para tener agua compró 350 metros de manguera y que no es justo que una madre que ha luchado tanto no tengo un terreno.
Ubicación ilegal
El director de Avalúos y Catastro del Municipio, Franklin Landázuri, al respecto, informó que realizaron el levantamiento de la información de esa forma ilegal de asentamiento que están realizando, agregando que ocurre debido a que la Alcaldía está ampliando la vía de El Cabezón hasta Aire Libre y que con el material que está saliendo están rellenando las calles de Pianguapí, que es zona de alto riesgo.
También explicó que los departamentos de Avalúos y Castro, Planificación y Gestión de Riesgos, enviaron la documentación a la alcaldesa, Lucía Sosa, para que se proceda de forma legal, es decir, se gestione el desalojo del grupo que está asentado ahí.
Landázuri explicó que en la administración pasada se legalizaron ciertas escrituras de esos predios y que será la Alcaldesa y los concejales, que deberán pronunciarse.