Nueve de enero, una fuga de agua en la tubería de 500 milímetros, ocasionaba un socavón de unos cinco metros de diámetro en las calles Juan Salinas y Eloy Alfaro, centro de la ciudad de Esmeraldas.
Veintinueve de marzo, un deslizamiento a la altura de Wínchele, provocaba un daño en la unión mecánica de la tubería principal de conducción de agua potable de 900 milímetros que abastece a Esmeraldas, Rioverde y Atacames.
Diecisiete de junio, una negligencia sobre el cierre de válvula en la línea de conducción de 200 milímetros del nuevo sistema de agua potable, damnificó a ocho familias del barrio El Panecillo, dañó estructuras de viviendas y anegó varias calles.
Mientras que el 29 de junio, por la explosión de una tubería antigua de alta presión, de 600 milímetros de agua potable, afectó enseres, electrodomésticos y materiales de construcción de nueve viviendas en el barrio 31 de Mayo, entrada a Valle Hermoso, sur de Esmeraldas.
Sueño inacabable
Estos acontecimientos, son parte de las vicisitudes que han atravesado los esmeraldeños en el último año, pero que desde el 2016, con marcha en el proyecto regional de agua potable para Esmeraldas, Rioverde y Atacames, aún sueñan con que esto acabe.
La alcaldesa Lucía Sosa, coloca en evidencia seis roturas en menos de un mes, y daños en el sistema de tuberías del agua potable, que de acuerdo con ella, son provocadas por negligencias a la hora de realizar pruebas en el nuevo sistema, que ha sido interconectado a tuberías vetustas y a ello, le suma también la falta de sociabilización que las empresas constructoras han mantenido con la ciudad.
El alcalde Freddy Saldarriaga, lamentó por este medio, que la mayor parte de las calles de los barrios de su cantón, se encuentran excavados o sin las respectivas tuberías, por lo que pidió aceleración a los trabajos y un finiquito lo más pronto posible.
Por ello, ambas autoridades exclaman la urgente necesidad que terminen los trabajos del proyecto de agua potable para calmar a su pueblo esmeraldeño.
En busca de aliado con 30 millones
El último viernes, los tres alcaldes integrantes del proyecto regional de agua potable para Esmeraldas, Atacames y Rioverde, se reunieron para elegir a la cabeza principal del directorio, que la conformarán cinco personas.
La nueva presidenta de la mancomunidad es la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, quien informó a los alcaldes Freddy Saldarriaga (Atacames) y Joffre Quintero (Rioverde), que se debe contratar a un coordinador y a un técnico, para que en el mes de diciembre se contrate a un operador de agua en transición.
Una vez concluido aquello, los tres meses siguientes, de enero a marzo de 2020, elevarán una licitación para escoger a un aliado estratégico, quien se encargue del manejo del agua potable en los tres cantones, conformando a 22 personas para el Directorio de la Mancomunidad de la Empresa pública de Agua Potable, descrita en el modelo de gestión, que costó alrededor de un millón de dólares.
Recién en octubre de 2020, precisó Sosa, la licitación internacional sería adjudicada, para ello el aliado estratégico, debe contar con al menos 30 millones de dólares para asumir el control del sistema de agua por al menos 10 años.
‘Acciona’ dos meses sin trabajar
“Cada mes pierdo entre 150 a 200 mil dólares por no operar y ya llevamos dos desde la firma del contrato”, explica el representante de la empresa constructora ‘Acciona’, Manuel Vásquez, quien es uno de los tres contratistas del proyecto Regional de Agua Potable para Esmeraldas, Atacames, y Rioverde.
Su contrato original, comprendía los trabajos de construcción, ampliación y mejoramiento de las estructuras de captación y planta de tratamiento de agua hasta el tanque de carga, por una suma de 29 millones 908 mil 903 dólares.
De eso lleva un 95% de avance, pero el contrato complementario dispuesto hace dos meses, lo obliga a rehabilitar el módulo N°2 de la planta de tratamiento del agua potable en San Mateo, del cual no ha podido iniciar, tras no contar con la ampliación de las licencias ambientales por parte del Municipio de Esmeraldas, explican ellos.
Un 10 a 15% registran de ese contrato, que no han podido progresar, más tienen un período de 9 meses para culminar. Vásquez, precisó que hará valer su contrato y pedirá los dos meses que no pudo actuar.
Aquel freno de actividades, era desconocido por la alcaldesa Lucía Sosa, quien al inquirirle sobre ello, llamó a su departamento de Gestión Ambiental para pedir explicaciones de lo acontecido. Luego, expresó que los trámites están siendo entregados al Ministerio del Ambiente, y el día lunes con papeles y más información, se referirá al tema.